Finalmente, sí habrá un nuevo real decreto ley del Gobierno y finalmente sí se permitirá a los ayuntamientos disponer de hasta 3.000 millones de euros. El Ejecutivo protagoniza así una rectificación total respecto a la postura mantenida hasta el pasado viernes, cuando advertía de que no aprobaría ningún nuevo texto después de que el promovido en verano fuera tumbado por el Congreso el jueves.
Un día después de la durísima derrota en la Cámara baja —Hacienda perdió su decreto por 193 votos frente a 156—, el Gobierno sí reconocía que alguna salida tenía que dar al problema de los ayuntamientos, que sufren una asfixia financiera por el covid, con la paradoja de que cuentan con recursos, pero no los pueden tocar porque se lo impide la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y el reformado artículo 135 de la Constitución. La ministra y portavoz, María Jesús Montero, quería tomarse unos días de reflexión para estudiar una fórmula. La presión no solo venía de fuera, sino también de dentro, porque en el PSOE varios presidentes autonómicos manifestaron a Pedro Sánchez el viernes que había de buscarse un resquicio legal para aliviar la situación de los municipios.
