Las llamadas entre Pedro Sánchez y Quim Torra van camino de convertirse en un termómetro que refleja la temperatura de la crisis territorial y la voluntad desde Madrid por afrontar el problema o soslayarlo, según el contexto político. A las puertas de una investidura sin fecha, pendiente de que el ala radical del independentismo aligere la presión sobre ERC para que los republicanos puedan abstenerse, el Ejecutivo considera ahora que el contacto entre los presidentes es indispensable, «una normalización necesaria para poder avanzar en la solución al problema», indican fuentes gubernamentales. Y no es solo relevante en términos diplomáticos, insisten, sino en lo pragmático.

Si el mandatario catalán deshinchó ayer las expectativas al considerar que esa llamada sería vacía de contenido, Sánchez salió a defenderla de inmediato. Y lanzó un aviso cristalino: todas las inversiones pendientes en Cataluña, y asuntos sustantivos para las arcas de la Generalitat como la financiación autonómica, dependen de que la investidura salga adelante y el nuevo Gobierno se ponga en marcha. El abrupto fin de la legislatura, en febrero, supuso para las arcas catalanas quedarse sin algo más de 2.000 millones de euros. Y esa cifra, opinan en el Ejecutivo, bien vale una llamada.

Sánchez no ha desvelado cuándo marcará el número de Torra, pero ya es seguro que no será antes de la semana que viene. Primero se reunirá, el lunes, con los líderes del PP y Cs, Pablo Casado e Inés Arrimadas. No espera cambios de posición. Y el tiempo que ERC necesita para metabolizar el acuerdo de investidura va pasando. Hablará con los dirigentes territoriales en función de la antigüedad por la que fueron aprobados sus respectivos estatutos de autonomía. Esto implica que el primero será el lendakari, Iñigo Urkullu, el segundo, Torra, y el tercero, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

En plenas negociaciones con el partido de Oriol Junqueras, Sánchez necesita que los independentistas más hiperventilados rebajen sus críticas a los republicanos para allanar las conversaciones. Y restablecer el contacto con Torra tiene mucho que ver con un gesto de reconciliación con el president, a quien el jefe del Gobierno no coge el teléfono desde la sentencia del procés, el 14 de octubre, porque consideró que no había condenado claramente la violencia de radicales en las calles catalanas.

UNA DECISIÓN «URGENTE» / Apremiado por los corsés de ERC, Sánchez se apresuró ayer a rebatir a Torra el argumento de que la llamada sería solo protocolaria, no de fondo. Desde Bruselas, donde asiste al Consejo Europeo, desveló el mensaje que quiere trasladarle. A saber: es «urgente» que en Madrid se ponga en marcha un gobierno a pleno rendimiento para que se puedan abordar los asuntos pendientes que afectan a los catalanes. Mencionó las grandes reivindicaciones territoriales: la reforma de la financiación autonómica, las inversiones, la sanidad y los traspasos de las Cercanías ferroviarias. No comprometió partidas concretas, pero dejó el recado. Más allá de la controvertida mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat que reclaman los independentistas, Sánchez recordó todo lo que el Estado tiene paralizado en Catalunya por la ausencia de un Ejecutivo en plenas funciones desde hace ocho meses.

En la retina están los 2.051 millones de euros que la Generalitat no pudo percibir porque JxCat y ERC tumbaron el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, algo que precipitó el adelanto electoral de abril. Aunque posconvergentes y republicanos siempre alegan que Sánchez usó el fracaso de las cuentas públicas como excusa porque ya había decidido llamar a las urnas, lo cierto es que Cataluña no pudo percibir esa inyección. Finalmente, Sánchez tendrá que arremangarse con la espinosa renovación del sistema de financiación autonómico. Cuando llegó a la Moncloa postergó esa remodelación y la prometió para la siguiente legislatura y que esperan todas las autonomías.