El Tribunal Supremo condenará por sedición, y no por rebelión, a los principales líderes independentistas juzgados durante cuatro meses en Madrid, al no apreciar que durante el otoño del 2017 emplearan la violencia como instrumento para conseguir la independencia de Cataluña, según confirmaron ayer a este diario fuentes jurídicas.

Ahí ha estado la principal clave para que el alto tribunal se decantara por el criterio de la Abogacía del Estado frente al de la fiscalía, que defendió que se trató de un delito de rebelión desde que interpuso la querella que dio origen al procedimiento y fue la posición que mantuvo hasta que concluyó el juicio.

Los condenados por sedición serán los nueve acusados que se encuentran en prisión provisional: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, los consellers en el Govern del huido Carles Puigdemont (Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa), la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Ese delito se aplicará en concurso con el de malversación para quienes integraban el Ejecutivo catalán.

El artículo 544 del Código Penal considera «reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

El alto tribunal considera que los condenados cometieron este delito desde sus respectivas responsabilidades en el Govern, el Parlament o las entidades soberanistas, durante los meses de septiembre y octubre, y, en particular, mientras se produjeron las protestas del 20 de septiembre contra los registros en la Consejería de Economía y otros departamentos de la Generalitat, y la celebración del referéndum unilateral del 1-O.

Los servicios jurídicos del Estado solicitaban por este delito, para cuya comisión la malversación de caudales públicos fue un medio necesario, 12 años de cárcel para Junqueras, 11 y medio para los exconsellers, 10 para Forcadell y ocho para los Jordis. Las penas que finalmente imponga el Tribunal Supremo incluirán un periodo similar de prisión y de inhabilitación.

DESOBEDIENCIA / Los otros tres acusados, los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, a los que solo se acusaba de malversación y desobediencia, únicamente responderán por el último delito, lo que supone que su condena se reducirá a penas de inhabilitación y multa por su participación en el incumplimiento de las resoluciones judiciales que vetaban el referéndum unilateral que acabó celebrándose el 1-O. En su caso, tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaban para cada uno de ellos 7 años de cárcel por la malversación.

Los siete magistrados que componen el tribunal tenían previsto dar durante este fin de semana una última lectura a la sentencia redactada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena. La resolución todavía puede sufrir modificaciones, puesto que aún no ha sido firmada por ellos. Hasta ese momento, una sentencia judicial es como si no existiera. El presidente del tribunal que juzgó el procés se confesó ayer molesto, en la recepción en el Palacio Real que ofreció el rey Felipe VI con motivo del 12 de Octubre, por las informaciones sobre el fallo aparecidas en los medios de comunicación.

Mañana está previsto que, en una última reunión, los magistrados procedan a rubricar el veredicto, momento en el que todavía, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueden anunciar la redacción de algún voto particular para dejar constancia escrita de su discrepancia. El pasado viernes, no obstante, el texto contaba con el respaldo unánime de todos ellos.

NOTIFICACIÓN EN MANO / Si no surge ninguna discrepancia seria de última hora, la sentencia se notificará entonces a las partes. Para ello, se citará a los procuradores de los acusados en el Supremo y se les entregará en mano la resolución. Además, se enviarán exhortos a los juzgados próximos a las cárceles donde están internados los acusados para que sean informados de su condena de forma personal.