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ATENTADOS EN BARCELONA

Zoido: "La Policía y la Guardia Civil no vieron signos de radicalización" en el imán de Ripoll

El ministro recuerda que Es Satty no tenía protagonismo religioso en 2006. Señala que se le investigó por falsificación de documentos terroristas

 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero se reúnen en la sede del Ministerio en Madrid. - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ
28/08/2017

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó este lunes que "ni la Policía ni la Guardia Civil encontraron ningún indicio de radicalización" en 2006 que pudiera conducir a que se realizara un especial seguimiento del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, al que se atribuye el adoctrinamiento contra reloj de los miembros de la célula que cometieron los atentados de Barcelona y Cambrils. El ministro matizó que en aquel momento no ejercía el liderazgo religioso que desempeñaba hasta unos meses antes de los ataques.

Zoido, tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincials (FEMP), Abel Caballero, para involucrar a las policías locales en la lucha contra el terrorismo, recordó que Es Satty cumplió una condena de cuatro años de cárcel por tráfico de hachís y "fue objeto de investigación por la Audiencia Nacional en 2006 por falsificación documental".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska autorizó la intervención de sus comunicaciones en el seno de la operación Chacal, en la que se investigaba una célula yihadista ubilicada en Vilanova i la Geltrú. En la sentencia que dictó la Audiencia Nacional contra los acusados de formar parte del grupo terrorista se mencionaba que su documentación fotocopiada había aparecido en el domicilio de Mohamed Mrabet Fhasi, al que se condenó por haber ayudado a llegar a Irak a Bellil Belgacem que se suicidó y mató a 19 policías italianos y siete iraquíes. 

Es Satty no llegó a ser juzgado y su primo fue absuelto al retirar la fiscalía su acusación. La sentencia de la Audiencia fue anulada en 2011 por el Tribunal Supremo que apreció que había habido abusos policiales, porque se realizaron intervenciones teléfonicas sin intervención policial y torturas y coacciones a los detenidos.