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El Congreso de EEUU afronta el acoso sexual a las mujeres

Las congresistas detallan casos de tocamientos y exposición genital. El Capitolio debate mejoras del rígido e ineficaz proceso de denuncias

 

La demócrata Jackie Speier, el pasado 14 en la vista sobre acoso en el Congreso. - REUTERS / YURI GRIPAS

IDOYA NOAIN
26/11/2017

Desde que el 5 de octubre The New York Times reveló las primeras acusaciones por agresión y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, Estados Unidos ha abierto los ojos a un problema sistémico. Las denuncias con nombres propios han sacudido desde la industria tecnológica hasta el mundo del arte o del periodismo. Y «la hora de la verdad», el «punto de inflexión», también ha llegado al Congreso.

Según un sondeo realizado el año pasado por CQ Roll Call, cuatro de cada diez mujeres que trabajan en las cámaras ven el acoso como un problema. Una de cada seis lo ha sufrido. Y Capitol Hill se ve como terreno abonado para el abuso, en parte por su estructura: un club aislado y dominado por hombres, donde las oficinas de congresistas y senadores funcionan como empresas independientes con escasa o nula supervisión y donde numerosos jóvenes inician sus carreras.

Como ha explicado la abogada laboralista Debra Katz a The Washington Post, «existe la sensación de que llevar adelante una acusación de este tipo sería el fin de cualquier carrera trabajando en Capitol Hill, y sin duda lo sería».

SECRETO A VOCES / El problema del acoso sexual en el Congreso ha sido uno de esos secretos a voces que a veces salía a la luz con escándalos individuales. Se había aceptado casi como una especie de peaje y se combatía con normas no escritas que comparten las mujeres. Son recomendaciones que se pasan de viva voz, igual que la lista de los legisladores más «babosos»: tener cuidado con los que duermen en sus despachos, evitar quedarse a solas con uno en ascensores o eludir reuniones nocturnas donde se sirve alcohol. En la nueva ola de conciencia nacional, no obstante, acaba el secreto. Y mientras afloran escándalos con nombres propios (como cuatro acusaciones contra el senador demócrata Al Franken o la de relaciones con adolescentes que señalan al candidato republicano al Senado Roy Moore), en Capitol Hill lo que se denuncia es, ante todo, una cultura.

SIN NOMBRES / Congresistas y otras empleadas han detallado en redes sociales, entrevistas y artículos –y en una vista que se celebró el día 14 en la Cámara baja– casos de acoso y agresión, aunque prácticamente nadie ha dado nombres de responsables. Y sobre la mesa se ha puesto la realidad de exposiciones de genitales y tocamientos indeseados, de besos forzados y de casos como el de una ayudante de un congresista que recibió un bonus salarial tras acceder a ser cosificada.

La meta de las denuncias no es solo exponer el problema, sino cambiar las cosas. Y se han empezado a lograr avances. El Senado aprobó a principios de mes una legislación que hará obligatoria para senadores, empleados y becarios la formación para la prevención del acoso, que hasta ahora era voluntaria. La Cámara baja también impondrá esa obligatoriedad, aunque la legislación aún tiene que tramitarse.

El objetivo final es más ambicioso: mejorar el rígido sistema interno para denunciar el acoso. Este se puso en marcha por una ley en 1995 tras el escándalo sexual de un senador (Bob Packwood) y es muy criticado. La congresista demócrata Jackie Speier, que lanzó en las redes la campaña #MeTooCongress, ha denunciado que «no es favorable a la víctima, es un proceso de protección de la institución». Y más de 1.500 antiguos trabajadores del Congreso han firmado una carta afirmando que «es inadecuado y necesita reformas». Quien quiere iniciar acciones por acoso en el Congreso tiene 180 días para hacerlo ante la Oficina de Cumplimiento, la misma que pone a disposición de los congresistas un vídeo educativo de 20 minutos, que desde el 2015 solo han visto 800 personas en una institución con más de 13.000 empleados.

Una vez presentada la queja se está obligado a someterse a un proceso de asesoría de hasta 30 días. Luego hay otros 15 días para decidir si se pasa a otra fase de mediación. Entonces, un abogado representa a la institución. Y si no se logra un acuerdo, quien denuncia debe esperar otros 30 días para seguir por vía administrativa o ante un tribunal. Todo el proceso es confidencial, lo que impide poder apoyarse en testimonios de colegas. Si antes de que concluya se logra un acuerdo económico, el pago sale de las arcas públicas. Y solo si quien ha denunciado ve resuelta a su favor la queja o la demanda puede hacer público el caso.