La popularidad del presidente chileno, Sebastián Piñera, era apenas superior al 10% antes de la llegada del coronavirus a Chile y la puesta en suspenso del conflicto social que había estallado en octubre. En el marco de las acciones del Gobierno para frenar los efectos de una pandemia que ha provocado 37 muertos y casi 5.000 contagios, Piñera ha alcanzado una aprobación del 19%.

A partir de ese modesto ascenso, el Gobierno de derechas lanzó la osada iniciativa: incluir a los 115 militares condenados por delitos de lesa humanidad entre los favorecidos por un proyecto de ley que busca beneficiar con el arresto domiciliario a unos 1.300 presos comunes para evitar la propagación de las infecciones en las cárceles.

La oposición y los movimientos de derechos humanos han presentado ya recursos frente al Tribunal Constitucional con el propósito de bloquear ese proyecto que impulsan en el Congreso los legisladores oficialistas.

Los represores se encuentran alojados en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles con acceso a televisión y jardines donde reciben a sus familiares. Los seis casos de covid-19 se registraron hasta el momento en otro penal, Puente Alto, en el sur de Santiago. A su vez se ha confirmado una infección en el Centro Penitenciario Femenino.

Pero Piñera no pensó en esos enfermos a la hora de lanzar su propuesta. «Yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa. Tienen derecho a una muerte con dignidad».

AMPLIO MALESTAR / El senador socialista Jaime Quintana rechazó el intento de incluir a los exuniformados en la propuesta de arresto domiciliario para mayores de 75 años o enfermos terminales. «En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las condiciones son bastante privilegiadas». Por su parte, el legislador de izquierdas Gabriel Boric dijo que lo del presidente Sebastián Piñera es «una provocación que demuestra que es una persona que no está a la altura de las circunstancias que afrontamos».

Segun el portal El Desconcierto, el proyecto de ley «humanitaria» emplea las mismas razones que permitieron liberar a Augusto Pinochet de sus responsabilidades penales. Quince años atrás, el juez Jaime Guzmán ordenó el arresto domiciliario del dictador en el marco de una causa por la que se investigaba el asesinato de 93 personas a cargo de una comitiva militar conocida como Caravana de la muerte.

Los abogados de Pinochet aseguraron en su día ante los tribunales que su defendido estaba demente y consiguieron desligarlo del proceso judicial. En este contexto se conoció una encuesta de la consultora Cadem que no da mucho margen de acción al Gobierno: hasta un 63% de los chilenos no quieren una ley que facilite la salida de las prisiones de los represores.

INDULTO / Pero Piñera no renunciará a su objetivo aunque no salga la ley por el Congreso. «El presidente ha solicitado al Ministerio de Justicia revisar las solicitudes de indulto particular que cualquier interno haya presentado y esté en espera de una decisión presidencial», anunció el ministro Hernán Larraín.

En la orden se señala que «en atención a la pandemia» resulta «especialmente relevante» estudiar las peticiones «que tengan como fundamento una condición de salud de extrema gravedad». Se añade que la información se entregará al mandatario «para que las resuelva».