Lanzado en octubre a través de Facebook, el llamamiento ciudadano a bloquear el país este sábado en protesta por la subida del precio de los carburantes se está transformando en una revuelta popular de consecuencias imprevisibles. Ni el presidente francés, Emmanuel Macron, ni el Gobierno han podido atajar un descontento social que desborda la reivindicación inicial y va camino de convertirse en una enmienda a la totalidad de la política fiscal del presidente.

Lo que no han conseguido las manifestaciones sindicales contra la reforma laboral o el sector ferroviario puede que lo logre el ejército de ‘chalecos amarillos’ que aumenta día a día gracias a las redes sociales, catalizando un malestar generalizado por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias en la Francia de provincias.

Los convocantes pretenden bloquear el acceso a las principales ciudades, las rotondas, los grandes ejes viarios, los peajes de las autopistas, el túnel del Mont Blanc, el acceso a los aeropuertos de Marsella, Burdeos, Toulouse o Beauvais, las refinerías o los depósitos de carburante.

MARCHA HACIA EL ELÍSEO

En la circunvalación de París se esperan operaciones para colapsar la circulación que podrían acabar con una marcha a pie en dirección al Elíseo. Algunos animan a boicotear la compra de tabaco, alcohol y gasolina, tres productos por los que el Estado recauda un elevado impuesto. Además, se prevén cientos de manifestaciones en todo el país y muchas fábricas y comercios estarán cerrados.

El seguimiento y amplitud de la protesta son una incógnita y habrá que esperar a este sábado para medirla. Tampoco está claro cuánto durará, pero todo indica que los organizadores barajan seguir con los bloqueos durante una semana.

Aunque el precio del barril de petróleo ha bajado, la carga impositiva aplicada a los carburantes deja el litro de gasolina súper en 1,47 euros y el del gasoil en 1,48. Cuando un francés se gasta 70 euros de gasolina en llenar el depósito, 40 se los lleva el Estado en tasas. Y los más afectados son quienes viven en las zonas rurales y en las localidades pequeñas, esa Francia periférica donde el transporte público es escaso y el coche obligatorio.

El Gobierno no tiene de momento la intención de dar marcha atrás en una decisión adoptada en el marco de la ley de transición ecológica que contempla aumentar paulatinamente el impuesto de los hidrocarburos de aquí al 2022. A partir de enero, el gasóleo subirá 6,9 céntimos y la gasolina 2,9.

RESPUESTA TARDÍA

Pero con el objetivo de calmar los ánimos, el primer ministro, Edouard Philippe, ha anunciado varias medidas para reducir el impacto de la subida en los hogares más modestos. Entre ellas, una ayuda de 4.000 euros para cambiar el coche por uno menos contaminantes o ampliar el cheque energético a 5,6 millones de franceses. Sin embargo, la reacción del Ejecutivo llega tarde. La reivindicación se amplía y proliferan las consignas para oponerse a las subidas de impuestos en general.

Macron se encuentra desarmado ante un movimiento que escapa al esquema de la reivindicación laboral, tradicionalmente vehiculada por los sindicatos, que carece de interlocutor con el que negociar y que se ha generado al margen de las formaciones políticas.

LA OPOSICIÓN, EN LA ENCRUCIJADA

Su singularidad complica la respuesta del Elíseo y pone en un brete a la oposición. Oficialmente ningún partido apoya abiertamente la pretensión de ‘los chalecos amarillos’ de paralizar el país, pero no impedirán a sus militantes participar en las manifestaciones. Todos esconden las tentaciones de instrumentalizar el cabreo ciudadano para sacar rédito político.

Admitiendo como nunca antes el alcance del malestar francés, Emmanuel Macron entonó este miércoles un mea culpa al reconocer que no había dado a sus conciudadanos la consideración que merecían. “Considerar es escuchar a la gente cuando se queja y respetarla”, dijo.