L a Universitat Jaume I de Castellón ha presentado un alarmante estudio con motivo de la conmemoración del día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia capaz de sacar los colores a la sociedad más progresista: El 65% de los homosexuales y el 31% de los bisexuales declaran haber sufrido agresiones verbales, y el 15% de los homosexuales y el 6% de los bisexuales han sufrido agresiones físicas. Si se diferencia entre gays y lesbianas, el 72 y 57%, respectivamente, han sufrido agresiones verbales, y físicas el 20 y 6%, respectivamente.

Unas cifras calificadas como «escandalosas» y que «no se pueden tolerar», por el director de la unidad de investigación Salusex-Unisexsida, Rafael Ballester. Además, arropado por el rector de la UJI, Vicent Climent, defiende que la comunidad universitaria «tiene que oponer conocimiento, ciencia y respeto frente al fanatismo, la intolerancia y la ignorancia».

Estos fríos y a la vez escalofriantes datos, toman cuerpo en Castellón tras la reciente polémica suscitada por la prohibición de que Javier Gimeno haya cumplido su sueño de pertenecer a la Cofradía de Lledó por su condición de homosexual y por estar casado con un hombre.

Ayer mismo, recordando aquel 17 de mayo en que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, la asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (LGTBI) salían a las calles de la capital para leer un manifiesto en el que denuncian las agresiones que sufre el colectivo al que representan.

José Bellés, presidente de la organización, recuerda que en Castellón se registraron cinco denuncias el año pasado por agresiones motivadas por la condición sexual de la persona afectada. Asimismo, también hace hincapié en el caso de Gimeno y asegura que «todo delito de odio es innegociable» y apuntá directamente al obispado por lo que él entiende como «campaña LGTBfóbica».

Por otro lado, el director de Salusex-Unisexsida destaca que, todavía hoy en día, existen más de 80 países en los cuales se castiga con prisión (e incluso muerte) la diversidad sexual y en estos lugares las personas son perseguidas, simplemente, por no ser heterosexuales. «Si bien en regiones como la nuestra existe una mayor igualdad en el ámbito jurídico, y los homosexuales se pueden casar, todavía asistimos a muchos ejemplos en los cuales las personas sufren discriminación, acoso, exclusión e incluso maltrato» sentencia.

El estudio de la UJI, el caso de la Cofradía de Lledó y las declaraciones del colectivo LGTBI deben abrir un punto de reflexión sobre el respeto a la libertad sexual de las personas y, especialmente, sobre el camino que aún nos queda por andar.