La desescalada se ha iniciado en la fase cero en toda España, excepto en cuatro islas (las canarias de La Gomera, Hierro y La Graciosa y la balear de Formentera), que han entrado directamente en la fase uno. El pequeño comercio ha abierto sus puertas en una cantidad ínfima, lo que da idea de las incertidumbres que rodean la desescalada. En esta situación, el Gobierno afronta la cuarta prórroga del estado de alarma con una posición de debilidad y de aislamiento crecientes, lo que no asegura que la votación del miércoles en el Congreso de los Diputados sea favorable al mantenimiento de las medidas excepcionales contenidas en los decretos hasta ahora aprobados.

El PP, en su línea de oposición cada vez más dura y sin concesiones, ya ha dicho que no apoyará el nuevo estado de alarma. Lo anunció Pablo Casado en declaraciones radiofónicas y se lo confirmó posteriormente al presidente del Gobierno en una conversación telefónica de una hora. Pedro Sánchez no pudo convencer a Casado de que desista de su oposición a la prórroga ni siquiera con el argumento de que un voto negativo de la Cámara sumiría a España en el caos económico y sanitario, la misma advertencia que lanzaron los ministros Salvador Illa y José Luis Ábalos, ante la posibilidad de que las ayudas económicas o las restricciones se queden sin cobertura legal.

El mantenimiento del estado de alarma es necesario, votar en contra de su prórroga sería como jugar a la ruleta rusa, con consecuencias impredecibles en asuntos tan graves como la salud pública y la economía. Pero para que salga adelante en el Congreso el Gobierno y más concretamente Sánchez deben dejar de hacer política como si tuvieran la mayoría absoluta de la que carecen y de la que sí gozan los gobernantes de Francia, Alemania o el Reino Unido. Sin mayoría, con los socios de la investidura cada vez más alejados del PSOE, no queda otra alternativa que tejer alianzas para gobernar. No basta con reunir a los presidentes autonómicos cada domingo por la mañana, pero no para acordar medidas, sino para informales de la ya tomadas.

En este sentido, el distanciamiento de Iñigo Urkullu expresa mejor que ninguna otra actitud la situación a la que se ha llegado. El PNV, que ha aprobado las tres prórrogas, duda ahora y exige una mayor gobernanza conjunta para seguir adelante. Esa gobernanza que Sánchez prometió en la última cumbre con los presidentes autonómicos, pero que ha quedado como una propuesta vaga, sin iniciativas concretas. Y esta falta de colaboración se trasluce en que ni siquiera autonomías gobernadas por los socialistas están satisfechas (Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón) y su malestar se suma al de las autonomías en manos del PP, como Madrid, Galicia o Castilla y León, o al de las que gobiernan partidos nacionalistas como Cataluña y el País Vasco.

La falta de diálogo entre Gobierno y oposición --el PP asegura que Sánchez y Casado han hablado solo tres veces en 44 días-- hace que un día antes de la votación en el Congreso se desconozca si se prorrogará el estado de alarma. Es difícil que el Gobierno pierda la votación porque tendrían que alinearse en el no el PP, Vox, Ciudadanos, ERC y JxCat, pero no puede descartarse nada. Y si la cuarta prórroga saliera adelante únicamente con los votos del PSOE y UP, más algún apoyo aislado, la debilidad del Gobierno en una situación tan grave quedaría patente.