Hoy se vota en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno, un estado que no puede conllevar la suspensión de los derechos fundamentales de la Constitución. Para empezar, la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, entre ellos, el legislativo, y el Gobierno nos ha puesto una mordaza a los representantes de millones de españoles en las Cortes. Se ha coartado el control parlamentario, esencial en democracia.
Pero la mordaza no ha llegado solo al parlamento, sino también a los profesionales de la información y a los españoles en general. Ha habido una y mil trabas gubernamentales para el ejercicio de la libertad de prensa. Ha habido manipulación de la información por parte del gobierno a través del uso de medios públicos como es el CIS o la RTVE. Y también monitorización de las redes sociales y de canales de comunicación. Esto solo pasa en países totalitarios. También se ha atacado el derecho a la libertad religiosa, impidiendo velatorios y funerales para despedir a un ser querido dignamente. Se han impuesto restricciones inasumibles a las empresas, que han supuesto una suspensión de facto del derecho de libertad de empresa, y que conllevará el cierre de muchas.
Y les contaría mucho más, pues ha habido una auténtica concatenación de transgresiones a nuestra Constitución que hacen dudar del buen fin que tenía la declaración del estado de alarma: contener la pandemia, no contener derechos. El estado de alarma se ha convertido en una alarma en nuestro estado democrático y de derecho que tanto nos ha costado construir.
*Senadora del grupo parlamentario popular
