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Opinión

 

El director opina

El circo político de Castellón

 

El circo político de Castellón -

José Luis Valencia José Luis Valencia
05/03/2017

Ya huele a fiesta. A Magdalena y a Fallas... aunque la clase política castellonense y valenciana se ha empeñado en competir con el protagonismo festero para dotarnos de un escaparate circense, envidiosa ella de la atención popular que las fiestas, por derecho propio, acaparan. Las dependencias municipales de la ciudad de Castellón esta semana han acogido la primera pista del circo con todo tipo de espectáculos: payasos, fieras, equilibristas, funambulistas. La Diputación provincial y la Generalitat han ocupado la segunda pista, en este caso con el espectáculo de las peleas de gallos. Y la pista más alejada, casi permanente desde la instalación del circo, la acapara un PSPV sumido en el mar de dudas de unas primarias que corren como caballos en el círculo interminable de la indefinición y la duda ante un futuro complicado.

Pero no se preocupen. A pesar de los fuegos artificiales y de las sordas, que no sonoras, mascletàs políticas previas a las que me refiero y a pesar de lo complicada, enrevesada y hasta con sinsentidos propios de un esbozo surrealista en que han convertido la organización de las fiestas, especialmente la Magdalena, la fiesta saldrá bien. Y por una razón muy sencilla. Porque su éxito no les corresponde a ellos sino a cada uno de los ciudadanos que queremos vivirlas como queramos y a unos colectivos festeros implicados todo el año, que trabajan para que sus convecinos las puedan disfrutar.

LAFUENTE, REY DE LA PISTA

La tensión entre el bipartito que gobierna la capital de la Plana ha sido extrema. Las carcasas han estado a punto de explotar a destiempo, aunque al final la mascletà parece que se ha controlado... en diferido, como bien lo ha definido Castelló en Moviment, el tercer socio fuera del gobierno, que no ha quedado satisfecho.

Como le ha ocurrido a Ximo Puig en el Consell en varias ocasiones, el ganador ha sido Compromís, aunque el asesor Lafuente, contratado por la alcaldesa Amparo Marco para que le consiguiera fondos europeos aún tardará cinco meses en volver a su cátedra de la UJI. Hasta que se le acabe el contrato municipal, no vaya a ser que el Ayuntamiento cometa una ilegalidad laboral que lo pueda llevar a los tribunales. Y ya saben que el precio de las imputaciones, aunque sean las administrativas, se ha puesto últimamente por las nubes.

La fórmula acordada entre ambas formaciones en la última Junta de Gobierno del pasado viernes para dar cumplimiento a la reprobación plenaria, por cierto tan mal comunicada que provocó desorden informativo y bastante cabreo político esa tarde, ha untado de suavina la tensa relación entre PSPV y Compromís. Y aunque ha servido para dar apariencia de normalización política, ha dejado tocada a la alcaldesa, descolocado a su grupo municipal y sobre todo ha denostado la imagen del otrora profesor universitario. Una pena para un cualificado profesional, ahora en entredicho, por un error de libro en la relación actual del poder municipal y por su posterior vendetta para la resituación.

Es de suponer que el tiempo apacigüe las cosas, especialmente las diatribas personales, pero parece claro que a la coalición le va a hacer falta mucha voluntad y mucho trabajo para conseguir una entente colaborativa como la que lograron Marco y Nomdedéu.

TSJCV MAESTRO DE CEREMONIA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha propinado un potente varapalo al objetivo de legislatura del Pacte del Botánic (PSPV, Compromís y Podemos) de suprimir progresivamente las diputaciones provinciales con la estrategia de reducir y al mismo tiempo asumir sus competencias por parte de la Generalitat, en este caso y como primer paso, mediante los decretos sobre las competencias en Turismo y en Deportes.

El argumento esgrimido como apariencia de justicia social por parte del president Puig y de la vicepresidenta Mónica Oltra de que las diputaciones deben colaborar con sus presupuestos a pagar los medidas de gobierno y los servicios de la Generalitat, no ha servido para la Justicia que ha dictaminado ante el recurso planteado por las diputaciones de Castellón y Alicante que las organismos provinciales son entidades jurídicas con competencias determinadas que no pueden ser invadidas ni asumidas por medio de decretos o normativas por parte de la administración autonómica.

La Generalitat valenciana ya ha señalado que recurrirá la resolución del tribunal, aunque todo parece indicar que la vía para esa reducción competencial de las diputaciones que como finalidad última busca su supresión a base del vaciado de sus competencias deberá ir por otros derroteros no autonómicos.