La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció recientemente que elevará al Consejo de Ministros y Ministras este mes de julio un nuevo proyecto de Ley de memoria histórica, que profundice en la norma aprobada en 2007 por el presidente Rodríguez Zapatero. Ha habilitado para ello una consulta pública que ha concluido el 11 de julio. Con la nueva norma pretende «solucionar déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista», según recoge el texto de la consulta. También incorpora recomendaciones formuladas por diferentes organismos de la ONU y el Consejo de Europa, pues la consecución de estos objetivos exige la definición de políticas y medidas en aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición acuñados en la normativa internacional de derechos humanos y en tratados internacionales ratificados por España.
CCOO sigue con interés el texto de esta nueva ley porque afecta a muchas personas y a la dignidad de nuestra sociedad y nuestra democracia. Personas, muchas de ellas afiliadas a nuestro sindicato, algunas ya fallecidas, que organizaron las primeras Comisiones Obreras en grandes empresas y pequeños talleres para resolver los problemas de la gente, ante la indiferencia e incapacidad del sindicato vertical.
Es imprescindible que la memoria histórica democrática haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos, que fueron llevadas a cabo sistemáticamente por la dictadura y se reconozca sin paliativos la contribución de los hombres y las mujeres que durante esa época padecieron la represión laboral, sindical y política. Personas que fueron despedidas, sancionadas, incluidas en listas negras, torturadas, encarceladas y exiliadas por defender salarios más justos y condiciones dignas de trabajo, por defender el derecho de asociación, de reunión, de huelga. En definitiva, por contribuir con convicción y dignidad a la consecución en nuestro país de las libertades públicas y los derechos sociales.
En nuestro territorio, estas comisiones surgieron inicialmente en Papelera Española, Altos Hornos de Sagunto, MACOSA, Elcano, Unión Naval de Levante y en muchos talleres metalúrgicos, textiles, cerámicos... Se extendieron también al campo entre collidors. Se enraizaron en pueblos, comarcas y ciudades. Muchos de ellos y ellas fueron elegidos enlaces y jurados de empresa en las elecciones sindicales de 1960 y 1963, presencia que se consolidaría en las de 1966. Esto desencadenó una ofensiva represiva contra CCOO en general, y los enlaces sindicales en particular, que provocó que miles de personas electas fueran destituidas de sus cargos, despedidas de sus empresas, detenidas y procesadas por tribunales militares y por el Tribunal de Orden Público (TOP).
Un repaso a la tabla salarial de los convenios colectivos de la época nos permite aproximarnos al valor y compromiso que tuvieron. Se jugaban el despido y su libertad por céntimos de euro, por exigir un mínimo de seguridad en el trabajo o por unos pocos días de vacaciones, lo que muestra también la mezquindad empresarial de aquella época.
En 1970 se produjeron 1.595 conflictos colectivos, casi el doble del total de los habidos en 1968 y 1969, según datos del Ministerio de Trabajo. La respuesta del franquismo ante las movilizaciones obreras fue siempre la misma: más represión. Desde 1967 el Tribunal Supremo dictó sucesivas sentencias que consideraron subversivas e ilegales a las Comisiones Obreras: las huelgas de la construcción de Granada (1970) o de Madrid (1971) que se saldaron con cuatro trabajadores muertos a tiros, la de la SEAT de Barcelona (1971) con otro muerto, 12.000 trabajadores sancionados y 21 procesados, la de Bazán de Ferrol con dos muertos, 30 heridos, 23 sindicalistas de CCOO en el TOP y ocho en Consejos de Guerra…
Comisiones Obreras, el movimiento obrero, pagó un alto precio por su contribución a la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país. Esperamos que esta nueva ley permita juzgar esos delitos, porque solo desde la reparación podremos alcanzar una auténtica reconciliación.
*Secretario general CCOO PV
