El curso político se retoma hoy en Cataluña en plena canícula de agosto. Y lo hace con dos maniobras de distracción que son indicadores precisos de lo que vamos a vivir hasta el 1 de octubre, la fecha del referéndum que pretende convocar el Govern de la Generalitat y la mayoría parlamentaria que le apoya. La mesa de la cámara autonómica se reúne hoy sin que la ley que pretendidamente tiene que amparar esa convocatoria figure en el orden del día. Esta extraña convocatoria entra dentro de las maniobras de ocultación que se está siguiendo en esta fase del procés para intentar retrasar lo que es inevitable: el choque con la legalidad vigente en Cataluña, desde el mismo Estatut hasta la Constitución aprobada por todos los españoles, incluidos la mayoría de los catalanes. Será antes o después, pero inexorablemente los actos que se realicen desde las instituciones catalanas para promover la celebración de ese referéndum desbordarán las actuales leyes.
Frente a este disparate, todo apunta a que el Gobierno de Rajoy va a mantener la proporcionalidad en la respuesta. Desde ayer sabemos que no se contempla aplicar al famoso artículo 155 de la Constitución que permite la suspensión de la autonomía. Se va a seguir en la senda de la respuesta judicial, desde el Tribunal Constitucional en primera instancia y desde los tribunales ordinarios. La pretensión es no retroalimentar al propio independentismo y en este sentido se opta por un referéndum fallido antes que por un referéndum desarbolado por la fuerza. Ese es el punto de consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos y parece que Rajoy no se va a mover de esta zona de amplio acuerdo. Y en la línea de su estrategia de los últimos años tampoco va a tomar iniciativas políticas antes del 1-O. Lo fía todo a que el independentismo catalán llegue a un callejón sin salida. Tiene sus riesgos pero también es verdad que a esta altura del partido tampoco parece que se pueda hacer nada más.
