En más de una ocasión, a los políticos no nos vendría mal una cierta contención expresiva. Frecuentemente, nos venimos arriba, echamos mano de toda clase de sustantivos y calificativos y le hurtamos a la ciudadanía una explicación de lo que pasa razonada, mesurada, sensata y tranquila. No estarían de más una cierta contención y mesura; no sea cosa que nos pase como en el cuento de Pedro y el lobo y cuando necesitemos de los sustantivos precisos y los adjetivos adecuados, estos ya no tengan sentido.
Todo este introito viene a cuento del cúmulo de improperios y descalificaciones que a los políticos del PP les ha merecido el acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de remanentes por parte de las entidades locales. No han llegado a aquella retahíla histórica de insultos, vituperios y afrentas varias que lanzó Pablo Casado a Pedro Sánchez – felón y traidor, entre ellos,- pero han estado cerca. Aquí van unos cuantos que hemos sacado de la prensa diaria: «atraco a mano armada», «robo a los ciudadanos», «apropiación del dinero del pueblo», «chantaje inaceptable», «confiscación».
Sine ira et studio , hagamos un acercamiento desapasionado al tema: desde la publicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en el año 2012, las entidades locales no han tenido posibilidad de hacer uso de sus remanentes. Es verdad, que esta ley, promulgada por un gobierno del PP, se da dentro de un contexto legal propiciado por la reforma del articulo 135 de la Constitución, en septiembre del 2011, que llevaron adelante las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país: PSOE y PP.
La FEMP, con su presidente, Abel Caballero , a la cabeza, y con el consenso de todas las fuerzas políticas que la integran, ha sido muy activa estos últimos años en la solicitud de la utilización de los remanentes; la pandemia ha hecho perentoria esta necesidad y recientemente se ha llegado a un acuerdo. Un acuerdo que no es el final, que es mejorable, que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a revisar, pero, que al fin y a la postre, supone una salida y permite a las entidades locales utilizar en beneficio de la ciudadanía unos recursos económicos que hasta ahora eran intocables. Desde 2012 no se podía disponer de los remanentes, ahora sí.
En principio, no es un robo, ni un atraco. Es cada Ayuntamiento el que decide, el que quiere, se acoge, el que no quiere, no. Es un préstamo voluntario a favor de la Administración General del Estado. Los ayuntamientos o entidades locales no entregarán los remanentes hasta el 31 de diciembre de 2021, pero previamente, y sin pagar nada, las entidades locales recibirán 5.000 millones de euros. Después habrá un periodo de amortización de entre 10 y 15 años y los ahorros de cada pueblo o ciudad se gastarán en cada municipio, más los 5000 millones que ahora se entregan a fondo perdido. Además, las entidades locales quedan libres del cumplimiento de la regla del gasto, hay un fondo para transporte público urbano, se garantiza la participación en el fondo europeo para la reconstrucción y se constata el compromiso de abordar en esta legislatura la reforma de la financiación local. No está tan mal.
Ya sabemos que no todo es positivo: la entrega de todo el remanente acumulado puede suscitar dudas sobre la liquidez de las administraciones locales, el que sean unos ámbitos de actuación y no otros a los que se pueden orientar los recursos del fondo crea unas reticencias razonables en distintas fuerzas políticas del ámbito parlamentario. Pero para eso está la política y están los políticos, para hablar, consensuar y buscar soluciones. Ni el aspaviento dialéctico, ni la alharaca desmesurada aportan mucho a unos acuerdos que la sociedad demanda y la situación que vivimos hacen imprescindibles. H
*Presidente de la Diputación de Castellón
