A medida que avanza la legislatura la incapacidad de gestión del Consell se revela de forma manifiesta. La parálisis, la falta de iniciativas y la aplicación de una ideología sectaria son señas de identidad del tripartito que cada día sufren los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

La sanidad, las infraestructuras o las inversiones se resienten por la inacción del Ejecutivo encabezado por Ximo Puig, Mónica Oltra y que Podemos sustenta parlamentariamente. Por encima de todo, sin embargo, destaca el daño a la educación y a la libertad que causan las políticas emanadas del tripartito. Es aquí donde el pensamiento único y la falta de respeto a los tribunales alcanzan su máxima expresión.

Y no es la oposición la que denuncia estas políticas, que también, sino la Justicia la que pone en solfa las decisiones del conseller de Educación, Vicent Marzà, y que respalda el tripartito. Primero llegó la paralización del decreto de plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al considerar que de aplicarse «un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idioma».

Luego han ido llegando más paralizaciones de forma cautelar, como en el caso de la supresión de aulas concertadas, al entender el Alto tribunal autonómico que «existe el riesgo, en caso de que haya una sentencia favorable, de que ésta pierda su eficacia cuando se dicte».

La enmienda a la totalidad de la política educativa, tanto de los grupos parlamentarios de la oposición como de los tribunales, obligaría a Marzà a dimitir o a Ximo Puig a destituirlo. No ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Es más, el Consell sigue adelante, no rectifica, y hasta Oltra acusa a la justicia de jugar a hacer política. Inaudito.

Mientras los padres y los centros escolares no saben a qué atenerse ante el inicio del próximo curso, el Consell solo se preocupa de arrinconar a los inspectores -a los que ni siquiera ha pedido los informes preceptivos para el arreglo escolar-.

Es de tal calado el caos creado en educación que no podemos permanecer impasibles ante una hoja de ruta que simplemente persigue acabar con la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos e imponer una lengua cooficial sobre la otra. Exigimos la dimisión de los responsables y, en caso contrario, que afronten las consecuencias de su insumisión a lo que marcan los tribunales.

*Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana