La coalición que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa mediante una moción de censura ha durado apenas ocho meses y medio. Con el rechazo de los presupuestos generales del Estado quedó rota ayer, al votar juntos para devolver las cuentas al Gobierno la oposición de derechas y los partidos independentistas catalanes, decisivos estos últimos para decantar la decisión final. Ahora, el presidente del Gobierno anunciará mañana, tras el Consejo de Ministros, el adelanto de las elecciones generales, cuya fecha se desconoce, pero la del 28 de abril parece la más probable.

El fracaso de la tramitación de los Presupuestos no puede extrañar dada la dificultad de gobernar con solo 84 diputados de 350 y más en tiempos convulsos como los actuales, mientras en el Tribunal Supremo se celebra el juicio al procés. Para los dos partidos independentistas, era muy complicado votar a favor de las cuentas en estas circunstancias, pero ellos mismos hicieron aún más difícil un acuerdo con el Gobierno al plantear exigencias fuera de lugar, como la interferencia en el proceso judicial o el derecho de autodeterminación. El portavoz de ERC, Joan Tardà, calificó la ruptura de «gran error histórico», pero cargando la culpa a la «izquierda timorata» que no ha tenido la «valentía» de pactar con los independentistas. El error histórico, sin embargo, lo es de ERC y el PDECat, que no tendrán otra oportunidad tan favorable para intentar una salida política a la situación catalana. Si la triple derecha se hace con el poder, se anuncia un 155 permanente, un trato de gran dureza contra los dirigentes procesados y el rechazo de cualquier indulto. Pero, aunque el PSOE llegara en primer lugar y pudiera formar Gobierno con Cs --Albert Rivera ya adelanta que no se aliará con Sánchez--, el independentismo saldría perjudicado por los vetos de Cs para pactar con los socialistas.

La devolución de los Presupuestos es también un error porque Cataluña dejará de ingresar 2.000 millones y las políticas sociales en toda España quedarán al margen. Aunque se mantendrá la subida del salario mínimo y de las pensiones, el gasto social no aumentará (en violencia de género, pobreza infantil, dependencia, investigación y desarrollo, infraestructuras, vivienda o empleo juvenil, entre otras partidas) ni habrá nuevos impuestos para financiar estas mejoras ni se incrementará el IRPF a las rentas más altas. Doble error, político y económico.