Cuando salga publicado este artículo, se habrá celebrado ya en Valencia la manifestación que bajo el lema Por una financiación justa ha sido promovida por UGT entre otros, y que algunos grupos han intentado compararla, de forma mal intencionada, con situaciones existentes en otra parte de España. Otros grupúsculos, en cambio, la han querido utilizar para conseguir no se sabe bien que fines.

Pero con la celebración de la manifestación no se tiene que dar por finalizado nada. Es preciso continuar demandando una financiación justa, porque a ella está asociado el aumento de recursos en investigación e innovación, la mejora del empleo que nos conduciría a una verdadera justicia social y el conseguir una mejor vertebración territorial a través de inversiones en infraestructuras que son el verdadero motor de la economía.

Y es que además, con la organización territorial establecida en nuestra Constitución, los servicios públicos esenciales están transferidos a las comunidades autónomas. Servicios públicos que son el pilar básico en la configuración del estado del bienestar y entre los que adquieren especial relevancia la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero esos beneficios del estado del bienestar no pueden ser implementados sin una dotación presupuestaria justa.

La primera consecuencia de la infrafinanciación es el hecho de que somos la comunidad autónoma que menos empleo público tienen en relación con el número de habitantes (45.4 por 1000 habitantes), y no nos equivoquemos, si queremos unos servicios públicos de calidad debemos tener los recursos humanos necesarios para poder ejecutarlos. Un ejemplo claro de lo que acabo de decir es que con una financiación justa se conseguiría incrementar en un tercio la plantilla de docentes o construir 78 nuevas escuelas durante esta legislatura.

Ante la enfermedad, queremos tener las mismas oportunidades que en otras comunidades, es decir queremos tener una sanidad pública de calidad y en igualdad. En este caso el ejemplo también es claro: con una financiación justa se podrían construir 41 nuevos hospitales comarcales (tantos como comarcas existen en la Comunitat Valenciana).

Y QUÉ decir de la dependencia, la lista de espera es tan enorme que como consecuencia de la misma, personas fallecen sin poder recibir una atención digna. Simplemente se pide que la aportación estatal que recibe la Comunitat Valenciana, un 12%, se eleve a la aportación media que el Estado tiene con otras Comunidades y que ronda el 20%.

Por tanto, desde UGT pensamos que debemos seguir reivindicando en todos aquellos foros en los que tengamos presencia, una financiación justa, porque creemos que de ella depende, en gran medida, conseguir que desaparezcan las desigualdades entre personas residentes en los diferentes territorios y al tiempo, disfrutar en nuestra Comunitat de los beneficios del Estado del bienestar.

*Secretario Territorial Intercomarcal de la FeSP UGT PV Comarques del Nord