Querido/a lector/a, les aseguro que nunca fui una persona antirreligiosa. Nunca tuve nada que ver con la Iglesia, ni a favor ni en contra. Y es que, a pesar de que la situación política en mi juventud, el franquismo, le permitía para mal y a cambio de su colaboración, una influencia decisiva en la política y en la moralidad de la sociedad española, el hecho de militar en el PCE y tener camaradas cristianos de base y curas que nos permitían el uso de iglesias, sacristías, multicopistas,… etc, hicieron posible, o por lo menos así lo veo, que no fuera un furibundo anticlerical. Nunca pensé con Voltaire que hubiera que considerar con repugnancia a la secta cristiana.
No obstante, leer en los medios de comunicación que el actual gobierno de España salido de la victoria del PSOE, el Ministerio de Justicia, esta pleiteando o va a los tribunales contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y contra su resolución, la que le insta a hacer público el listado de más de 30.000 inmuebles que la Iglesia española ha inmatriculado desde 1998, me parece algo desacertado e incoherente.
Y lo digo como ciudadano y sin ser antiiglesia. Pero entiendo que con esta actitud el gobierno anula o debilita la función del Consejo de Transparencia que, dicho sea de paso, es la de dirimir si una información se publica o no. Actitud, repito, que contradice las primeras declaraciones del propio gobierno y dificulta o imposibilita, que se impugnen los bienes públicos y privados inmatriculados. Decisión que no forma parte de los valores de una España democrática y laica. Así es que, en más de una ocasión, y mande quien mande, uno tiene la impresión de que ante la Iglesia y en ciertos temas, todos consienten. Mal rollo.
*Analista político
