El anuncio de una inminente ola de frío, acompañada de temperaturas muy bajas, dispara otra vez las alarmas sociales frente al persistente problema de la pobreza energética. Se acaba de cumplir ahora un año de la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana a la que la empresa eléctrica le había cortado la luz en su vivienda sin avisar. Una de las velas con las que la mujer se alumbraba causó el incendio que después le costó la vida. La indignación que provocó el caso movilizó a administraciones y compañías de servicios.
La situación, sin embargo, ha variado poco en estos últimos 12 meses y aunque existan fórmulas como el bono social para ayudar a los más vulnerables, estos son tan excluyentes que alcanzan a pocos de los verdaderamente necesitados. Casi el 10% de los hogares españoles no cuentan con una temperatura adecuada. Además de los casos más extremos, como el citado de Reus, las víctimas de la pobreza energética forman parte de una realidad más soterrada si tenemos en cuenta los efectos de pasar frío a diario en colectivos débiles, como niños o ancianos. La ineficacia de las medidas oficiales adoptadas hasta ahora queda patente en la cumbre social que se han visto obligados a convocar hoy grandes ayuntamientos, entidades vecinales y oenegés para adoptar estrategias solidarias. El problema es grave y las autoridades y las empresas deben asumir su responsabilidad social para combatir una lacra incompatible con una sociedad avanzada pero donde miles de personas aún pasan frío.
