Al conocerse la existencia del brote de listeriosis iniciado en Sevilla se le reclamaban a la Junta de Andalucía explicaciones claras y más diligencia en los procesos de inspección y control. A estas alturas, con tres víctimas mortales y cinco abortos provocados por la infección, y con más de 200 afectados, puede afirmarse que la respuesta de la Administración no solo ha sido lenta y torpe sino que ha atravesado la frontera de la autocomplacencia y el absurdo. Después de haber estado unos días sin comparecer, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha declarado que «probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y el mundo», con una gestión de la crisis que ha calificado de «pionera e innovadora».

A su vez, el consejero del PP Jesús Aguirre ha tenido la desafortunada idea de proponer a unos de los padres que han perdido a su hijo que se sacaran una foto con él el día que naciera otro bebé fruto de un nuevo embarazo. Elevadas dosis de paternalismo y condescendencia y ni un atisbo de autocrítica: esta ha sido la postura del gobierno andaluz, que, además, ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, y contra los responsables sanitarios del anterior gobierno socialista, de los que han dicho que han heredado «unos protocolos epidemiológicos muy mejorables». Lo cierto es que la alerta sobre la carne mechada de la empresa Magrudis se lanzó el 15 de agosto cuando ya se tenía información, días antes, de su peligrosidad. Posteriormente, a plazos, se ha extendido la prohibición de comercializar otros productos sin que se produjeran en ningún momento acciones de prevención sobre toda la producción de la fábrica donde se situó el foco de la infección.

Los expertos en epidemiología defienden que la normativa de control de los alimentos en España es correcta y que se siguen los parámetros europeos, aunque el Consejo General de Veterinarios reclama controles higiénicos y tecnológicos más frecuentes y una homogeneización de la regulación a nivel estatal, aunque este argumento tenga algo de oportunismo recentralizardor. Coinciden en que en este caso se ha violado el principio de precaución, que exige una paralización total e inmediata ante la más mínima alerta sanitaria de todos los productos sospechosos. La responsabilidad de la empresa es evidente, pero también lo es la de unos políticos que han protagonizado una actuación vacilante y transigente con los infractores.