Muchos sectores se han visto afectados por la crisis provocada por el covid-19, pero el mundo de la cultura es uno de los que se han visto más perjudicados económicamente. Tanto en lo que se refiere a estructuras estables y empresariales como a la precarización de unos trabajadores que ya vivían antes de la emergencia sanitaria en unas condiciones complicadas, que la pandemia ha acentuado.

Además, lo que entendemos por cultura tiene muchas variantes, cada una con una problemática distinta, pero también con un común denominador. En cualquier manifestación cultural, el público es indispensable. Con más o menos intensidad, desde la industria editorial a la organización de un macroconcierto; desde una sala de exposiciones o un museo a una representación teatral; desde una sala de cine a una fiesta mayor. Y es aquí donde el impacto de esta crisis arremete con más fuerza. La imposibilidad de compartir la experiencia con otros --lúdica, artística, intelectual-- provoca que la industria cultural en su conjunto se tambalee. Por eso, las reivindicaciones de los directamente implicados --en el audiovisual, las artes escénicas, la música, el libro o las bellas artes-- se han hecho oír en los últimos días para reclamar un trato especial que ahora se ha concretado en las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.

El decreto ley aprobado por el Gobierno --con un montante de 76,4 millones de euros-- tiene presente la especificidad del sector y persigue la pervivencia de unas estructuras básicas, al mismo tiempo que no pierde de vista la situación precaria de quienes trabajan en este ámbito y que no han podido acogerse a otras resoluciones generales. La primera línea de actuación consiste en una inyección inmediata de capital y en el hecho de asegurar futuras acciones que permitan el préstamo de dinero público que, hasta ahora, llegaba con dificultades.

La segunda línea se basa en una incentivación fiscal que ha de permitir nuevas producciones, así como la aportación de capitales privados que pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales, puesto que la intervención del mecenazgo también se plantea como una de las soluciones futuras. Un tercer factor que tiene en cuenta la legislación es la flexibilización en las condiciones y los supuestos establecidos en las subvenciones, una rebaja de los requisitos en atención a una situación de emergencia como la que se está viviendo.

En el ámbito estrictamente laboral, al tratarse de un sector donde el concepto de autónomo tiene unas peculiaridades basadas en la intermitencia (es decir, altas y bajas en función de actuaciones puntuales), el acceso extraordinario a la prestación por desempleo teniendo en cuenta los días trabajados en el año anterior da un cierto respiro a muchos profesionales que no han podido acogerse a los ERTE. Apoyos a las librerías independientes o a las salas de exhibición, y facilidades para que las películas puedan acceder a las ayudas aun siendo estrenadas en plataformas digitales son otras de las medidas ahora aprobadas, que eran necesarias pero que serán insuficientes sin una decidida voluntad política para revitalizar el sector en su conjunto.

Evitar el derrumbe de la cultura no es solo una cuestión económica sino una obligación moral ante una sociedad democrática que tiene en la cultura a uno de sus principales fundamentos.