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Si el caso del banco expropiado de Gràcia podía complicarse más, ya lo ha hecho. Ayer, la fiscalía abrió diligencias contra el exalcalde Trias por malversación de caudales públicos. El pago del alquiler del local durante un año, que el anterior consistorio asumió para frenar otro desalojo complicado, al estilo Can Vies, presenta dudas legales pero también éticas.

La fiscalía se encargará ahora de determinar si, a su entender, con ese alquiler (65.000 euros anuales al propietario para que no instara al desalojo) se vulneró algún precepto. Trias, que califica la solución de la «menos mala» desde el punto de vista político, argumenta que todo se hizo con los procedimientos ajustados a derecho, y para ganar tiempo para la negociación, eso sí, una vez pasadas las municipales del 2015. Legal o no, quedan dudas. ¿Se pueden destinar miles de euros del presupuesto a mantener a un colectivo que se ha instalado ilegalmente en una propiedad privada? Hay, seguro, una lista de matices: el tiempo que llevaban con la okupación, el uso social del local, evitar un conflicto violento, etcétera. Pero el resumen es que se utilizó dinero público para mantener una situación ilegal amparada en hechos consumados. Y que, más allá de lo ocurrido estos días, la situación era legal y éticamente insostenible.