Apenas una semana y media después de haberse aprobado las bases del pacto de Estado contra la violencia machista, aún colea y sigue siendo foco de noticia el escabroso caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que prefirió escapar con sus dos hijos antes de devolverlos a su padre, Franceso Arcuri, de origen italiano, detenido por malos tratos. Todavía en paradero desconocido, el fenómeno que ha provocado esta valiente progenitora ha servido --aún más si cabe-- para unir a los colectivos feministas.
La última certeza al respecto de su fuga es que, si no aparece antes del próximo martes, día 8, jornada en la que debe comparecer en el juzgado, Juana se enfrenta a dos opciones: o bien pasará a estar en busca y captura o, directamente, la detención. Y es que se trata de una cita judicial a la que la desaparecida madre granadina está obligada a acudir, después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo para tratar de paralizar la restitución de sus hijos a su expareja.
Independientemente de cómo acabe este episodio, de nuevo las víctimas del mismo van a ser los menores. Cada vez son más las agresiones machistas que acaban con la vida de criaturas inocentes. No estamos ahora ante un caso tan extremo, pero hay ya normas legales que consideran al niño víctima de violencia de género solo por haber sido testigo en casa de esa misma violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona. Sea como fuere, el interés del menor debe primar por encima de cualquier otro de los adultos del núcleo familiar.
