Robos, ocupaciones y agresiones son algunas de las actividades delictivas en la que están implicados algunos menores extranjeros no acompañados. Los jóvenes conflictivos representan un pequeño porcentaje de este colectivo, pero bastan unos pocos para empañar el esfuerzo de tantos. Nuestra sociedad tiene el deber de proteger a los menores que buscan refugio en nuestro país, pero la defensa de sus derechos debe ser compatible con la protección del conjunto de la ciudadanía.
Policías y jueces ya miran con preocupación el incremento de delitos protagonizados por algunos de estos menores y su presencia creciente en centros para delincuentes juveniles. Los menores conflictivos son aquellos que no se han adaptado a los centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Cabe recordar que los recursos dedicados a su acogida han sido y son claramente deficientes. La DGAIA no ha podido atender a los jóvenes con la celeridad necesaria ni la calidad adecuada. En cualquier caso, los centros de acogida no son cárceles y la posibilidad de controlar la huida de los menores resultan limitadas. La delincuencia es la indeseable consecuencia de una situación de inasistencia que numerosas asociaciones hace mucho que denuncian. La falta de implicación y de coordinación de las administraciones ha ido retrasando un plan integral de acogida, capaz de actuar tanto en momentos de emergencia como de forma continuada. El tema es complejo. Se necesitan recursos y valor para abordarlo.
