El último estudio del Institut Català d’Energia concluye que los hogares españoles pagan la luz el 11% más cara que la media en nuestro entorno europeo, porcentaje que se dispara hasta el 34,3% en el caso de las pequeñas y medianas industrias, mientras salen más beneficiadas de la comparación las grandes compañías industriales. Las razones de este desfase negativo con el resto de la UE no radica en que la producción y distribución de los kilovatios sea mucho más cara en España, sino porque en la confección de las facturas se hallan emboscados cargos que se han ido acumulando con el paso de los años de forma poco transparente y que resultan incomprensibles para el usuario. Esos pluses que no tienen nada que ver con el consumo periódico de electricidad de los usuarios pueden alcanzar hasta el 50% del total de la factura.
Hace ya mucho tiempo que el precio de la luz en España es deudor de muchos compromisos: desde la necesidad de salvar las cuencas de carbón hasta los vaivenes de la política en materia de centrales nucleares y energías renovables. Las compañías eléctricas denuncian ese lastre impositivo extra, pero lo cierto es que también se benefician del mismo. Además, el reparto de carga es también injusto. Castiga la competitividad de pequeñas empresas y, especialmente, a las economías más humildes. Los índices de pobreza energética en este país exigen de una vez por todas profundas medidas correctoras en este sistema tarifario eléctrico.
