Una de la preguntas más reiteradas a cualquier candidato en periodo electoral es cuál sería la primera decisión que tomaría si resultara elegido. Pedro Sánchez no podía saberlo cuando presentó la moción de censura, pero una de sus primeras decisiones importantes acabó sacudiendo a Europa, al acoger al Aquarius, un barco cargado de inmigrantes en situación límite rechazado en los puertos italianos. Un año después, no puede descartarse que se haya arrepentido. Creó unas expectativas de cambio de rumbo en la política migratoria que no ha podido o querido cumplir, aunque en algunas materias como la acogida a los recién llegados y a los solicitantes de asilo se haya mejorado desde entonces.

El control de fronteras ha sido intensificado. En este terreno, el más visible, el pretendido giro respecto al Gobierno anterior acabó convertido en un simple gesto sin continuidad. Al contrario. El Ministerio de Fomento retuvo meses después sin salir de puerto otros dos buques de oenegés (Open Arms y Aita Mare) para no verse obligado a acoger a los inmigrantes que rescataran. Su titular, José Luis Ábalos, interpelado en el Parlamento, reconoció que la acogida del Aquarius solo fue «una llamada de atención» para movilizar a Europa ante el drama humano que suponía la insolidaridad del Ejecutivo italiano.

EFECTOS LIMITADOS // El gesto tuvo efectos limitados. Varios países se repartieron la acogida de nuevos barcos, pero solo durante unos meses. También se habló de un sistema de asilo común, reformando el Convenio de Dublín, y de crear una plataforma de desembarco seguro. Pero nada se ha hecho, como recuerda Paloma Favieres, de la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El año pasado casi se duplicó la llegada de pateras, con más de 57.000 personas. El PP, recién desalojado del Gobierno, aprovechó para vincular estas llegadas masivas, especialmente intensas en verano, a un supuesto efecto llamada provocado por el Aquarius. Fue el momento en que Sánchez pisó el freno, ante el temor de que su giro le supusiera un desgaste electoral, aunque el aumento fuera debido al cierre de las fronteras del Mediterráneo Central y Oriental. La UE logró que allí Libia y Turquía ejercieran de gendarmes e impidieran las salidas, tras destinarles cuantiosos fondos.

En paralelo al rescate de esta embarcación, el Ejecutivo también había prometido suprimir las devoluciones en caliente así como las cortantes concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero ni lo uno ni lo otro se ha llevado cabo. No solo las devoluciones han seguido, sino que el abogado del Estado recurrió una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por una de ellas. La idea de retirar las concertinas se mantiene, pero condicionada a elevar la altura de las vallas y hacerlas más infranqueables.

Además, ha potenciado el blindaje de fronteras con las devoluciones exprés de subsaharianos que saltan la valla de Ceuta rescatando un antiguo acuerdo con Marruecos que nunca había usado.

MÁS PLAZAS // La acogida a los recién llegados es el aspecto que más ha mejorado. Las imágenes de pabellones polideportivos atestados de los viajantes en patera se han mitigado. El número de plazas ha pasado de 630 a 3.000 desde la moción de censura, según datos de Cruz Roja. Y las plazas para peticionarios de asilo también se han incrementado (de 195 a 2.600 desde el 2015).

La atención posterior que reciben los inmigrantes ya es más problemática, especialmente la de los menores no acompañados (menas). Son responsabilidad de las comunidades. El Gobierno destinó un presupuesto extraordinario, pero no basta. Las comunidades más afectadas, Cataluña y Andalucía, no dan abasto. La atención es insuficiente y muchos de los jóvenes acaban en la pequeña delincuencia.