Con la actual ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en vigor y con los recortes presupuestarios todavía recientes y no revertidos, la mayoría de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas ven muy difícil alcanzar un consenso para el pacto de Estado educativo que está tratando de promover el Gobierno central.

El conseller Vicent Marzà aseguró en su intervención que «además de ser un pacto de Estado social y político, también tendría que ser un pacto territorial, con el consenso de los territorios y sin que, a cada decreto, se esté recurriendo a los tribunales».

«La LOMCE es un muy mal punto de partida», lamentó ayer el consejero navarro José Luis Mendoza, durante la sesión monográfica que el pleno del Senado dedicó al pacto educativo. «Es una ley que hay que derogar», remachó la andaluza Adelaida de la Calle.

CONDICIONA // También la catalana Meritxell Ruiz, la vasca Cristina Uriarte y el cántabro Ramón Ruiz coincidieron en que la ley educativa aprobada por el entonces ministro José Ignacio Wert coarta -y condiciona- las posibilidades de acuerdo. «Sobre todo, porque cualquier pacto educativo que se quiera alcanzar debería empezar por el reconocimiento y el respeto escrupuloso de que en España existen distintos sistemas educativos», insistió ayer Ruiz.

En su intervención inicial, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, propuso a los consejeros autonómicos que el acuerdo vaya acompañado de un «pacto presupuestario» para dotarlo de «financiación estable y previsible» a lo largo de los años. «La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor», subrayó Méndez de Vigo, que considera que el acuerdo presupuestario es «fundamental» para evaluar el funcionamiento y eficiencia de ese pacto para consolidarse en el tiempo. El ministro insistió en que ese pacto tendría que consolidarse en el tiempo y propuso que, para ello, «solo pueda modificarse con una mayoría política supercualificada».

Para ese pacto, advirtió el titular de Educación, no es necesario hacer «tabla rasa». En su opinión, puede basarse «en analizar certeramente lo que funciona y lo que no, con la experiencia de las comunidades». Frente a quienes defendieron que el acuerdo de Estado se base en un sistema de escuela pública, de calidad y no segregadora, Méndez de Vigo abogó por la libertad de elección de las familias, un aspecto que no está reñido, dijo, con la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad, «donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados».