El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avala la controvertida política de devoluciones en caliente en la frontera de Melilla al entender que España no violó el convenio europeo cuando expulsó a dos subsaharianos el 13 de agosto del 2014. Pese a condenar esta práctica en sentencias anteriores, la Gran Sala del Tribunal concluyó ayer que fueron los propios migrantes quienes se colocaron en una situación de ilegalidad al saltar la valla. El fallo, adoptado por unanimidad, no admite recurso.
«De manera deliberada intentaron entrar en España franqueando el dispositivo de protección de la frontera con Melilla en lugares no autorizados, dentro de un grupo, aprovechando el efecto masivo y recurriendo a la fuerza», argumenta la corte europea.
El tribunal sostiene que la ausencia de una decisión individual de alejamiento se puede imputar al hecho de que los demandantes no usaron los procedimientos de entrada oficial existentes y que la devolución en caliente se debe a su propio comportamiento. En definitiva, considera que España no ha violado el artículo 4 del Convenio que impide las expulsiones colectivas, ni el artículo 13 sobre el derecho a un recurso.
El caso lo abrió la denuncia por la expulsión a Marruecos de dos ciudadanos --el maliense N. D. nacido en 1986 y el marfileño N. T. nacido en 1985-- que intentaron entrar ilegalmente en España por Melilla en agosto del 2014.
INDEMNIZACIÓN / En octubre del 2017, el tribunal condenó a España por haberles entregado a las autoridades marroquíes en contra de su voluntad, sin ser identificados y sin ninguna medida administrativa o judicial previa. Entonces entendió que fue una expulsión contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos e impuso una indemnización de 5.000 euros a cada uno.
El Gobierno del PP legalizó las devoluciones en caliente en el 2015 abriendo la puerta a la expulsión inmediata de quienes sortean irregularmente la frontera de Ceuta y Melilla. A los migrantes no se les identifica, ni se les abre expediente administrativo ni se les ofrece asesoría jurídica para determinar si pueden optar al asilo. Organismos como el Alto Comisionado de las ONU para los Refugiados o el Consejo de Europa lo denunciaron porque vulnera la ley internacional.
