Sepulcros del siglo XV únicos en el mundo, esculturas de alabastro de Gabriel Joly o tablas policromadas con más de tres siglos de antigüedad son parte de la historia de Aragón que guardaba el monasterio de Sijena (Huesca) y fueron vendidos a Cataluña y que ahora deben volver a su lugar de origen. La orden del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para que se dé cumplimiento a la sentencia que exige a Cataluña la devolución de los bienes del monasterio de Sijena acerca a Aragón las últimas 44 piezas de un litigio que se prolonga desde hace más de dos décadas.
Las 44 piezas se encuentran depositadas en el Museo Diocesano de Lleida y, al volver a Aragón, se unirían a las 51 que devolvió la Generalitat en julio del 2016, en este caso las que se guardaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona.
EL ORIGEN // El conflicto se remonta a los años 80 y 90 del siglo pasado, concretamente entre 1983 y 1994, cuando las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, propietarias del cenobio, vendieron 97 obras de arte religioso del monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de Aragón denunció las operaciones al considerar que tenía derecho de tanteo y retracto para adquirir las obras, y en este sentido recurrió el Ejecutivo aragonés al Tribunal Constitucional en 1998.
El alto tribunal tardó 14 años en negar este derecho a Aragón. En el 2012 emitió una sentencia en la que dio la razón a Cataluña y declaró nulas las disposiciones presentadas por el Gobierno aragonés, pero sin entrar a valorar si la compra había sido fraudulenta ni la calificación de los bienes.
El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena comenzó entonces un pleito, junto con el Gobierno de Aragón, para declarar nulas las ventas del tesoro artístico del monasterio. Y en abril del 2015 la titular del Juzgado de Primera Instancia numero uno de Huesca declaró nulas de pleno derecho las operaciones de venta del patrimonio histórico-artístico de Sijena, además de ordenar su devolución y traslado al monasterio.
La sentencia consideraba que las tres operaciones de compraventa no se ajustaron a lo previsto en la legislación española de patrimonio, que impide enajenar el contenido mueble de un bien de interés cultural sin una autorización previa de la administración competente.
En 1983 no se informó de la venta al Ministerio de Justicia y en 1992 y 1994 la adquisición se hizo de espaldas al Gobierno de Aragón, que tenía las competencias en materia de patrimonio.
Un año después de esa sentencia, en mayo del 2016, la misma juez fijó para el 25 de julio la devolución de las 97 piezas, y el 26 de julio, llegaron en un camión al monasterio cisterciense 51 de ellas, de «escaso valor artístico» según dijo la Generalitat.
Un más tarde, a finales de junio de 2017, la jueza instó a la Generalitat a devolver las 44 piezas restantes antes de las 22.00 horas del 31 de julio, algo que no se produjo. Los técnicos del departamento de Cultura aragonés esperaron en vano el retorno, y el proceso quedó interrumpido por la tormenta política en Cataluña con el proceso soberanista.
