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El Estado francés, a juicio por incumplir sus acuerdos contra el cambio climático

 

El Estado francés, a juicio por incumplir sus acuerdos contra el cambio climático -

19/01/2021

En 2018 cuatro organizaciones no gubernamentales dieron el paso en Francia y emprendieron acciones legales contra el Estado por incumplimiento de los acuerdos firmados para ponerle freno a la emergencia climática y por no hacer lo necesario para reducir los gases de efecto invernadero.

El conocido como LAffaire du siécle (El juicio del siglo), llegó el pasado jueves al Tribunal Administrativo de París para celebrar la primera audiencia con la que empezar a dilucidar si las reclamaciones de la ciudadanía tienen o no fundamentación.

La sociedad civil considera que deben los jueces pronunciarse para obligar al Estado a tomar medidas que sumen de cara a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Desde que arrancó el proceso, el gobierno galo ha rechazado las acusaciones poniendo como prueba irrefutable la aprobación de la Ley de energía de 2019 además de la adopción de los compromisos de reducción de las emisiones contaminantes al 40% y la consecución de la neutralidad de carbono para el año 2050.

Acuerdos que van en la línea de lo firmado y puesto en marcha por el común de países de la Unión Europea.

La que fuera Ministra de Ecología del gobierno francés declaró cuando se inició el procedimiento que el Estado puede ser condenado a actuar. Y esa es una de las claves de la reclamación ya que el proceso solo quiere demostrar la necesidad de la puesta en marcha de la acción política para frenar la emergencia.

La intención de este proceso jurídico iniciado en 2018 por las ONG Notre Affaire à tous, Greenpeace Francia, Fondation Nicolas Hulot y Oxfam Francia, a las que tiempo después se sumaron la Fondation Abbé Pierre y la Fédération Nationale dAgriculture Biologique, y que cuenta con el apoyo de las firmas de más de dos millones de ciudadanos galos, no es otra que la de demostrar la inacción política.

No se busca una condena económicamente ejemplarizante y ni si quiera se pretende que ningún representante del gobierno sea acusado como culpable. Las ONG pretenden demostrar que no solo no se está haciendo lo suficiente, si no absolutamente nada por parte de los estamentos galos.

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En la primera audiencia celebrada el pasado jueves tomó partido el Relator Público, figura que forma parte del Consejo de Estado, máxima jurisdicción del país, quien estaba encargado de elaborar un dictamen independiente para el tribunal.

La conclusión extraída del análisis es que el Estado galo es culpable de inacción política para frenar la emergencia climática.

De confirmarse esto, significaría que todas las víctimas del cambio climático podrían entonces basarse en esta jurisprudencia para hacer valer sus derechos y obtener una indemnización, según las ONGs implicadas en el proceso.

El de Francia no es el único caso en el que la ciudadanía se ha armado de razones para acusar a sus estados de incumplir sus promesas de acabar con el cambio climático.

En España, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite en septiembre de 2020 un litigio por las mismas razones que el galo y que se suma a los ya iniciados en países europeos como Alemania o Bélgica.

Fuera del viejo continente, los gobiernos de Estados Unidos, India y Nueva Zelanda, entre otros, se enfrentan también a procesos judiciales por su falta de acción para acabar con la emergencia climática.

La ciudadanía ya no solo se echa a la calle para reclamar un cambio de tendencia en la acción de sus gobiernos si no que exige de manera formal el derecho que entiende le corresponde.