El consejo de ministros aprobó ayer el decreto para la implantación, a partir del próximo curso 2016-2017, de las pruebas de evaluación, las conocidas como reválidas, de final de ESO y Bachillerato, previstas en la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Eso a pesar de que la mayoría de las comunidades autónomas, contrarias a la ley, han estado reclamando insistentemente en los últimos meses que estos exámenes no tiraran adelante. De hecho, hasta el Congreso inició los trámites el pasado abril para exigir al Gobierno que paralizara esta polémica reforma, impulsada por el anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, pero la disolución de las Cortes ha impedido que el veto llegara a formalizarse.
Haciendo oídos sordos a estas demandas, el Ministerio de Educación sigue adelante con el despliegue de la norma. Con todo, el decreto que ahora se aprueba no es el texto presentado por Wert, que había previsto unos exámenes de Estado, centralizados y con preguntas tipo test. Finalmente, las comunidades autónomas participarán en la elaboración de las pruebas y, además de organizarlas y decidir las fechas, podrán confeccionar las preguntas del examen, siempre según el temario fijado por el Gobierno central. H
