El Gobierno va a tomar por fin medidas contra la pobreza energética, aunque solo la extrema, después de casos tan dramáticos como el de la anciana de Reus que murió en un incendio provocado por una vela después de que le cortasen la luz. El Ejecutivo y el PSOE ultiman un pacto para prohibir que se suprima el suministro a los hogares «muy vulnerables». Es decir, no a todos los que sufren pobreza energética (unos cinco millones), sino a los que estén en mayor riesgo de exclusión social (algunas fuentes los cifran en 800.000, pero dependerá de cómo se defina a ese colectivo).

El anuncio no lo ha hecho el Gobierno sino el PSOE. El Ejecutivo ha cedido el protagonismo porque todavía trata de ganarse el apoyo de los socialistas para los presupuestos del 2017. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se reunirá este miércoles con el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, para cerrar el acuerdo. Ciudadanos lo ha apoyado tras admitir que, una vez más, el Gobierno no le ha incluido en la negociación pese a su pacto de investidura. Podemos lo ha criticado pero se ha congratulado de marcar agenda: «Llega tarde y mal, pero nunca hubiese llegado sin Podemos».

La medida que PP y PSOE planean poner en marcha es cambiar el artículo 52 de la ley del sector eléctrico, que establece los «suministros esenciales» que no se pueden cortar, como el alumbrado público, las cárceles o los hospitales. Se trata de añadir otro punto para que los hogares en situación de pobreza energética extrema identificados por los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos se vean beneficiados de esa protección. Una medida permanente que va más allá de la tregua navideña reclamada en los últimos años.

Nadal, que se había mostrado partidario a pactar algún tipo de medida, ha aceptado la iniciativa del PSOE. A cambio, los socialistas van a apoyar el proyecto del Ejecutivo de que el bono social (descuento del 25% del recibo para colectivos vulnerables) lo paguen las comercializadoras, pero no otras compañías como la semipública Red Eléctrica. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo había anulado el sistema actual por el cual lo financiaban solo parte de las empresas.

Si hoy cierran el acuerdo, se aprobará en el Consejo de Ministros del viernes o del siguiente y llegará al Congreso a finales de enero para su convalidación. El proyecto enfrenta algunas dificultades, ya que la protección social es competencia autonómica. Nadal ya pidió la semana pasada a las comunidades «generosidad» y que cedan algunas competencias para, por ejemplo, elaborar una definición homogénea en toda España de consumidor vulnerable o coordinar mejor la comunicación entre los servicios sociales y las empresas.