El Consejo de Ministros aprobó ayer la anunciada ampliación del plazo máximo de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para autónomos y pymes desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que la medida beneficiará a en torno a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de trabajadores por cuenta propia y compañías que tenían que abonar tributos en abril, para los que supondrá una «inyección de liquidez» de 3.558 millones.

«No deberán presentar ni pagar impuestos en abril», destacó antes de asegurar que se trata de «una medida añadida para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero sobre todo para seguir inyectando liquidez en el conjunto de nuestras empresas». La iniciativa, explicó, beneficiará a los que facturen hasta 600.000 euros y afectará a la declaración trimestral del IVA y al pago fraccionado de las retenciones del IRPF y del impuesto de sociedades. El plazo para el abono de los tributos que esté domiciliado se amplía del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, incluyendo las declaraciones presentadas antes del 15 de abril.

INSUFICIENTE / La medida responde a un clamor empresarial en las últimas semanas de organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales, el Consejo General de Economistas, las principales patronales de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), los técnicos de Hacienda (Gestha) e incluso el Defensor del Pueblo. ATA dio ayer la «bienvenida» a la moratoria aprobada, pero criticó que el Gobierno «vuelve a reaccionar tarde», al tiempo que advirtió de que «nadie asegura que el 20 de mayo haya vuelto la actividad a la normalidad o si habrá sectores que sigan cerrados o confinados».

Frente a estas reclamaciones, Montero defendió la acción del Ejecutivo y recordó la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, impulsada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos a la que se pueden acoger el 99,8% de los autónomos y el 94% de las pymes, con un impacto máximo de 14.000 millones. Asimismo, reiteró que el Gobierno trabaja para permitir que los autónomos puedan pasar de tributar en el sistema de módulos al de estimación directa. La medida no fue aprobada ayer, pero Montero aseguró que se le dará luz verde «en breve». Además, dejó la puerta abierta a tomar medidas tributarias que favorezcan a las grandes empresas aunque la «prioridad» del Ejecutivo son pymes y autónomos,