La rabia y la indignación se han multiplicado en las redes sociales, organizaciones feministas y abogadas de temas de género tras la decisión del tribunal del caso de la violación múltiple en los Sanfermines del pasado 2016 de incorporar a la causa un informe sobre la vida de la víctima días después del suceso. La investigación, que fue realizada por detectives privados a instancia de las defensas, concluye que la joven siguió haciendo vida normal y no quedó para nada «traumatizada».
Las feministas han convocado a través de las redes una protesta mañana en Madrid para denunciar lo que consideran «abusos judiciales» en el juicio. Este colectivo de mujeres ha acusado a la Justicia de ser «cómplice de los agresores» que, añaden, «saldrán impunes una vez más».
El abogado Agustín Martínez Becerra, letrado de tres de los acusados ha pedido que se «respete la actuación judicial» y que «no se entre en una dinámica valorativa sobre cada decisión que vaya tomando el tribunal, para dejarle impartir justicia».
La Audiencia Provincial de Pamplona juzga desde el lunes a puerta cerrada a cinco jóvenes sevillanos --José Ángel P.M.; Jesús E.D.; Ángel B.F.; Antonio Manuel G.E. y Alfonso Jesús C.E.-- autodenominados La manada como autores de una violación a una joven madrileña en las fiestas de Pamplona. Los presuntos autores, en prisión provisional desde entonces, grabaron y difundieron las imágenes de su acción.
El trabajo aportado por los detectives privados que siguieron a la joven durante un fin de semana, incluye sus publicaciones en redes sociales e imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona donde reside la víctima. El motivo argumentado para llevar a cabo este seguimiento era analizar el comportamiento de la joven después del suceso.
Por el contrario el tribunal, no admitó como pruebas de cargo en la vista oral los mensajes compartidos por los acusados y sus amigos a través de Whatsapp, en que se vieron indicios de otro posible caso de abuso sexual.
Los acusados se enfrentan a una petición de 22 años y 10 meses por parte de Fiscalía y a penas mayores pedidas tanto por la demandante como por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Pamplona por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro de robo con intimidación.
La citada violación provocó manifestaciones en Pamplona y numerosas ciudades españolas contra de la violencia sexual, en especial durante las fiestas.
