Al día siguiente de entregarse y de lograr una victoria simbólica, que un juez la dejara en libertad después de haberse escondido durante casi un mes con sus hijos para evitar que estos sean entregados a su padre, condenado por maltrato, Juana Rivas pasó ayer un día «feliz» y en compañía de sus niños, según su entorno, pero sin desvelar el paradero de estos. Aún tiene por delante una dura batalla legal por la custodia con su expareja, el italiano Francesco Arcuri. La fiscalía no ha decidido si recurrirá su puesta en libertad y continúa siendo investigada por sustracción de menores y desobediencia. Su caso va para largo, auguran los expertos, pero al menos está sirviendo para que se ponga el foco en si la legislación y los tribunales españoles protegen a los menores.

El caso de Rivas depende también de la justicia italiana, que otorgó la custodia provisional al padre, de ahí su complejidad, pero en España también hay decenas de situaciones en las que los jueces permiten que los hijos sigan en contacto con progenitores condenados en firme por violencia machista, bajo la máxima de que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. Los colectivos feministas llevan años criticando esta situación, que puede poner en riesgo al menor, y a menudo es usada por los condenados para seguir intentando hacer daño a sus exparejas. Por ello, ante el clamor colectivo, la legislación se reforzó en el 2015 de forma que se reconoció a los menores como víctimas directas de la violencia y, por tanto, sobre el papel, se les debe proteger igual que a las mujeres que sufren los ataques y vejaciones.

Pero en la práctica la aplicación de la ley depende del «arbitrio judicial», según alerta la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y los magistrados, en muchos casos, no consideran que la violencia machista perjudique la relación paternofilial y de ahí que permitan el contacto entre hijos y padres. Además, su organización ha detectado que, en ocasiones, «problemas procedimentales» prevalecen al interés superior de proteger al niño; como en el caso de Rivas, a quien el Tribunal Constitucional rechazó amparar y suspender la entrega por cuestiones de forma en la demanda interpuesta.