En enero el Congreso debatirá, por fin, la nueva ley de educación, una norma que supone la derogación de la que aprobó, en el 2014, el entonces ministro José Ignacio Wert (la polémica LOMCE). La actual titular de Educación, Isabel Celaá, aseguró ayer que el nuevo texto que prepara su departamento no supone un cambio de sistema sino «una modernización» de la ley orgánica de educación (la LOE del 2006).
El anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros no es más que un primer paso. Ahora, el Gobierno tiene que recibir la opinión de varios sectores, incluido el Consejo Escolar del Estado y las comunidades autónomas, que se reunirán en breve en una conferencia sectorial. Una vez que el periodo de consultas haya terminado, el ministerio incluirá las enmiendas que considere oportunas y volverá a ratificar el proyecto en el Consejo de Ministros.
A partir de ahí, en enero, el texto entrará en el Parlamento, donde se encontrará con la oposición frontal de Ciudadanos y PP, como ha quedado reflejado en las ocasiones en las que Celaá ha acudido al Congreso para explicar a los diputados su proyecto. Una vez tramitado en el Senado, la ley será una realidad. Pero para eso faltan todavía muchos meses.
LENGUAS COOFICIALES //
Defensora de la inmersión lingüística, Celaá recordó que la futura norma será «respetuosa con la Constitución, el Estado y las autonomías». En el caso de tener lengua cooficial, el porcentaje de competencias del Estado será del 55% (65% en los territorios sin lengua propia).
La norma del Gobierno socialista elimina definitivamente las reválidas (habrá evaluaciones de diagnostico en 4º de primaria y en 2º de la ESO) y también los itinerarios, que implicaban a los alumnos decidir en 4º de la ESO su camino escolar en función de las asignaturas.
La educación primaria vuelve a organizarse en tres ciclos y desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración. «Repetir curso debe ser la última opción. Y en el caso de que haya un repetidor, este tendrá asignado un motor del centro para apoyo escolar. No queremos que nadie se quede atrás», explicó Celaá, muy combativa con el hecho de que España sea uno de los países con mayor número de alumnos repetidores en las aulas.
Religión se seguirá ofreciendo en las escuelas, pero no tendrá una asignatura espejo alternativa. Religión, además, no contará para nota. Tampoco para la obtención de becas ni servirá para hacer la media en los procesos de acceso a la universidad.
El texto también prevé recuperar la anterior prueba de acceso a la enseñanza universitaria. Todos los estudiantes cursarán una asignatura de valores cívicos y éticos. Además, se podrá acceder al título de bachillerato con un suspenso (uno solo).
Mientras que el bachillerato será «flexible», la formación profesional (FP) será una titulación de «primera categoría» formativa y profesional. De hecho, Celaá, que tiene un empeño personal en que la FP recupere el prestigio social perdido, anunció la incorporación de nuevos títulos de técnico superior, todos ellos relacionados con las tecnologías.
La futura ley afectará a más de ocho millones de estudiantes, 701.373 docentes y los 28.531 centros de enseñanza no universitaria que hay en España (19.112 públicos y 9.419 privados).
