Madrid, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, se sumará a Galicia y Castilla La Mancha y prohibirá los móviles en el aula en institutos y colegios públicos y concertados. Incluida en el programa electoral del PP, la norma afectará a unos 1.700 centros y entrará en vigor a partir del curso que viene.

Los alumnos no podrán hacer uso de sus smartphones, con la única excepción de que el profesor dictamine que es necesario con fines académicos. El patio se considera también centro escolar, pero en ese recinto serán los directores los que decreten si los chavales pueden, o no, usar sus dispositivos. En caso de incumplimiento, la normativa no incluye sanciones, sino que insta a la dirección del centro a decretar el posible castigo.

Hasta ahora, en Madrid, como ocurre en la práctica totalidad de las autonomías, el uso del móvil por parte de los estudiantes era una decisión de la dirección escolar. Cada centro decidía vetar o permitir su uso. La consejería de Educación, con Enrique Ossorio (Partido Popular) a los mandos, lleva un tiempo debatiendo el tema y pidiendo asesoramiento a los expertos y la comunidad escolar para llevarlo a cabo.

Y es que Ossorio ya avanzó en septiembre esta medida, que forma parte de uno de los 155 puntos del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid explicó entonces que la prohibición del uso de móviles «se aplicará siempre que no se utilicen con fines educativos».

Así, la normativa sí permitirá el uso de estos dispositivos a «los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia». Asimismo, los docentes y la dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los alumnos que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.

LUCHA CONTRA EL ACOSO / «Hay división de opiniones, pero lo que nos comentan es, mayoritariamente, que el móvil causa falta de atención entre los alumnos. Además, la nueva normativa también tiene por objetivo luchar contra el cyberbullying», explicó ayer un portavoz de la consejería. Es lo mismo que decretó Francia en el inicio del curso 2018-2019. Los alumnos pueden llevar si lo desean un dispositivo electrónico, pero debe estar apagado o en modo avión y guardado en la mochila o en los casilleros.

La iniciativa está contemplada en el programa de Gobierno y afectará a todos los centros públicos y concertados (más de 1.700), donde actualmente cursan sus estudios más 800.000 alumnos.

En España, el móvil en las aulas es un debate por cerrar. Una reciente encuesta del GESOP reveló un claro apoyo social a la prohibición (86%). Muchos expertos, sin embargo, opinan que es una herramienta válida si se le ponen límites.