La madre del bebé que murió tras ser arrojado al río Besòs, el pasado 24 de septiembre, pidió ayuda para abortar en un servicio municipal pero se encontró con un muro: tenía 16 años y, por tanto, necesitaba del permiso de sus padres para interrumpir voluntariamente su embarazo. Su dramática historia y otras similares ponen de manifiesto que muchas jóvenes, por varios motivos, no pueden recabar este consentimiento y deben realizar abortos clandestinos e inseguros o dar a luz en contra de su voluntad y quizá con riesgo para su salud y la del bebé.
Ante ello, el acuerdo de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dado a conocer el pasado 30 de diciembre, señala que se permitirá abortar a las chicas de 16 y 17 años sin permiso paterno, tal como ya consentía la llamada ley de plazos, aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El documento no es demasiado explícito pero afirma que se «favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva del 2010».
CAMBIO DE GALLARDÓN / Dicha norma permitía a las chicas de 16 y 17 decidir libremente sobre su maternidad. Tan solo fijaba como obligatorio que informaran a sus progenitores de la decisión, salvo que alegasen un grave conflicto familiar, excepción a la que se acogían en torno al 10% de las adolescentes. Fue el PP el que derogó este artículo e hizo obligatorio el consentimiento en el 2015. Es el único aspecto de la llamada contrarreforma de Gallardón que salió adelante, en contra de toda la oposición y sin el apoyo de varios parlamentarios populares.
Desde entonces, la disposición ha estado en vigor, pese a que en octubre del 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa gracias a la moción de censura, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa, impulsada por Podemos, que instaba al Ejecutivo a iniciar los trámites necesarios para derogar la reforma del PP, que restringía las posibilidades de las jóvenes. El PSOE apoyó la proposición, pero durante los escasos meses de Gobierno en plenas facultades no la llevó a la práctica.
En su programa electoral cara a los comicios generales de abril del 2019, los socialistas se comprometían a «preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años». También Podemos incluyó esta promesa en su programa, por lo que es previsible que el nuevo Ejecutivo que empieza a andar lleve el cambio legal al Consejo de Ministros. Y también es posible que la vuelta atrás legislativa salga adelante, puesto que el PP aprobó la necesidad del permiso paternal en solitario y en contra del criterio de grupos como el PNV o ERC. Si bien, la legislatura arranca con una confrontación extrema y más partidos con representación parlamentaria que nunca, con lo que es difícil hacer pronósticos sobre esta y otras materias.
