Un juzgado de lo Social de Teruel condenó al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPI) a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, públicos o privados, de la provincia. Es la primera sentencia que condena por la falta de equipos, una queja compartida por los facultativos de prácticamente toda España.
De este modo, la jueza Elena Alcalde estima la demanda que presentó el sindicato de médicos Fasamet contra el Gobierno de Aragón y los dos organismos que de él dependen por no proporcionar los equipos adecuados para protegerse del riesgo de contagio.
Fasamet presentó a finales de marzo recursos en los juzgados de las tres provincias aragonesas para que se les proveyera de los adecuados equipos, y pocos días después se adoptaron medidas cautelares para que se distribuyera este material entre los sanitarios, a la espera de las sentencias definitivas, la primera de las cuales es la referida a la provincia de Teruel, cuyo juicio se celebró el pasado 21 de mayo, mientras que en Huesca tuvo lugar el 28 del mismo mes y en Zaragoza se ha convocado para el día 8.
En la sentencia, de 128 páginas, la jueza centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales.
