El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado revisar de forma «urgente» la aplicación informática de cita para trámites de extranjería y analizar si es necesario incrementar las plantillas de las oficinas donde se realizan dichos trámites, ante el «número importante de quejas» en Madrid, Barcelona, Girona, València, Murcia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca. La lentitud del sistema, además, disparado la picaresca.
Según expone el Defensor, la demora en la tramitación provoca que los interesados acudan a locutorios, gestorías y establecimientos similares donde, con medios informáticos avanzados, obtienen citas de manera masiva, «impidiendo que los particulares puedan acceder a las mismas». «Ellos están todo el día metidos, tienen un sistema que saben cuándo hay citas y cuándo se acaban. Cobran 30 euros por cita y 50 euros por cita urgente», explica Gilma, una hondureña de 40 años que lleva 16 años en España y el año pasado consiguió la nacionalidad, pero ahora son sus hijas las que no pueden regularizar su situación.
Deficiente funcionamiento / «Se han recibido en esta institución un número importante de quejas relativas al deficiente funcionamiento del sistema de cita previa de extranjería. En los últimos meses se ha incrementado el número de provincias en las que se detectan estas dificultades de acceso», subraya el Defensor del Pueblo en una recomendación.
Según precisa la institución, en un primer momento dichas quejas venían referidas a zonas puntuales del territorio nacional, como Barcelona o Madrid. Precisamente, el pasado viernes 4 de octubre, unas 70 personas se concentraron a las puertas de la Oficina de Extranjería de Madrid para denunciar que el sistema de citas para solicitar el arraigo o la reagrupación familiar, entre otros trámites, está funcionando de forma «nefasta» y las personas extranjeras tienen que esperar entre 3 y 7 meses para conseguir una cita.
Al grito de «Sin cita no hay derecho» y pancarta en mano, los congregados denunciaron que es una «vergüenza» que no se les esté dando cita porque esto les dificulta regularizar su situación para poder conseguir contratos de trabajo, por ejemplo.
Francisco Fernández Marugán subraya que la situación actual afecta a «cientos de miles de personas que en la mayoría de los casos residen desde hace largos años en España» y, por ello, recomienda revisar «de manera urgente» la aplicación informática de la cita previa de extranjería de la Sede electrónica de Administraciones Públicas, adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita.
