Una de las formas más seguras para violar a una mujer y quedar impune es recurriendo al uso de estupefacientes (como la conocida como burundanga) que anulan la voluntad de la víctima, de forma que la dejen consciente pero incapaz de decir «no». Un método que también se usa en robos, que se conoce como sumisión química y que en el caso de las agresiones sexuales va en aumento, aunque es difícil obtener datos reales porque muchas de las afectadas no denuncian, al no recordar lo que sucedió, a lo que se suma el sentimiento de culpa y las lesiones psíquicas que dejan tras de sí todas las violaciones.

Ante este fenómeno, el Congreso debatirá hoy una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a «combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar los ataques a la libertad sexual, adoptando medidas para concienciar al público, a los profesionales de la salud y a los organismos» acerca de los nuevos modus operandi de los violadores.

En concreto, la propuesta, que se debatirá en la Comisión de Igualdad, pide realizar un estudio sobre el impacto de delitos sexuales facilitados por la administración de sustancias psicoactivas y la elaboración de indicadores estadísticos que permitan medir el auténtico alcance de esta forma de criminalidad. Además, para incentivar que las víctimas busquen asistencia a la mayor brevedad, propone que se creen campañas específicas.

48 HORAS // Y es que, como explica la portavoz socialista en Igualdad, Ángeles Álvarez, las sustancias aplicadas desaparecen del cuerpo de la afectada antes de 48 horas y como normalmente esta tarda varias horas en recuperar del todo la conciencia, si acude a denunciar demasiado tarde, puede que ya no haya pruebas de que ha sido drogada o del delito del que ha sido objeto.

La proposición no de ley reclama también que se «valore la conveniencia de incrementar las penas previstas» para los violadores en el límite inferior, manteniéndose el máximo previsto. Y es que el Código Penal, en el apartado de abusos sexuales que se aplicó los acusados de la Manada, ya contempla como agravante el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima, con penas de cuatro a 10 años (en lugar de uno a tres años).

Este apartado será posiblemente objeto de enmienda, dado que Podemos no está a favor del incremento del castigo y propone que se reforme el Código Penal de forma que siempre que no haya un consentimiento explícito de la mujer --como sucedió con la víctima de la Manada--, se considere violación, por lo que en su opinión ya no sería necesario el agravante. El PSOE está dispuesto a aceptar que sea la comisión, a la que justicia ha encargado estudiar los delitos sexuales, la que proponga una modificación.

Podemos no quiere que en ningún caso se culpabilice a la víctima por el consumo de alcohol o drogas, por ello, en dos enmiendas, reclaman que se mejore la asistencia y medidas para evitar la victimización secundaria.