El Gobierno garantiza que todos los trabajadores afectados por una suspensión temporal de empleo (ERTE) fruto de la crisis del coronavirus tendrán derecho a cobrar prestación de paro. Independientemente de si cumplen o no con el periodo de cotización previo exigido en circunstancias normales. Esta es una de las medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo en materia laboral y que supondrán un coste aproximado de 5.000 millones, según fuentes gubernamentales. El real decreto que articula el nuevo paquete de actuaciones extraordinarias para paliar los efectos del covid-19 sobre la economía también incluye la agilización de los procesos de ERTE, a los que se les concederá carácter retroactivo desde el viernes, siempre que las empresas acrediten causa de fuerza mayor.

Una serie de medidas demandas por patronal y sindicatos mayoritarios para dar salida al impasse de gran cantidad de compañías que han visto paralizada su actividad. Pedro Sánchez hizo un llamamiento explícito al empresariado para que no efectúe despidos y condicionó parte de las ayudas públicas a ese supuesto. El Ejecutivo asumió en su segunda batería de iniciativas gran parte de los consensos cerrados la semana pasada entre los agentes sociales.

Una de las principales reformas excepcionales planteadas por la patronal y los sindicatos era suprimir temporalmente el periodo de carencia exigido, es decir, habilitar que aquellos trabajadores que no hayan cotizado un mínimo de 180 días en los cinco últimos años también puedan acceder al subsidio de paro si finalmente se ven afectados por un ERTE fruto del coronavirus.

Al margen de las suspensiones de empleo, el Gobierno habilitó además una mayor protección para aquellos empleados que sí deban personarse en su puesto de trabajo pero que tengan familiares a cargo. Para ellos, el Ejecutivo garantiza una reducción de jornada de hasta el 100% para su cuidado.

CONTADOR A CERO/ Otra reforma aprobada fue el conocido como contador a cero. Es decir, que una vez pasen las suspensiones de empleo derivadas de las distorsiones económicas ocasionadas por la pandemia del covid-19, a los trabajadores no se les descontará el paro consumido.

Por su parte, los empresarios serán exonerados de pagar las cotizaciones sociales de los empleados suspendidos mientras dure el parón. Y en el caso de los autónomos, se les eximirá la cuota si realizan un ERTE, pese a que un buen número carecen de empleados, y el Gobierno agilizará los trámites para el cobro del cese de actividad. Todo ello siempre que acrediten causa de fuerza mayor, lo que depende de la redacción final del BOE.