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Las residencias que no reúnan condiciones serán clausuradas

Sanidad destina 300 millones a reforzar los geriátricos frente al virus

 

Un equipo médico llega a un geriátrico de Tomelloso, ayer. - EFE / Ismael Herrero

MANUEL VILASERÓ
20/03/2020

El Gobierno central ordenará el cierre de las residencias de ancianos que no reúnan las condiciones para afrontar el coronavirus, obligará a garantizar una atención médica mínima y proporcionará a estos centros el material y el personal que vienen reclamando. Es parte del plan con el que el Ejecutivo pretende abordar la situación de alerta roja que se vive en varios geriátricos por la multiplicación de muertes e infectados. La fiscalía y la Guardia Civil también han empezado a intervenir.

Habrá que ver hasta qué punto lo logra el Gobierno, dada la enorme dimensión del problema. En solo siete geriátricos se ha conocido la muerte en los últimos días de unos 70 ancianos. Los contagiados, muchos en estado grave, suman centenares, pero se desconocen los números reales. No hay información al respecto ni se han hecho pruebas a todos los sospechosos.

El plan del Ejecutivo pasa en primer lugar por convertir en orden ministerial el protocolo que acordó con la comunidades autónomas el pasado 5 de marzo, según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa en una rueda de prensa.

El documento establecía cómo debían actuar la residencias para hacer frente al patógeno. Debían aislar a los casos sospechosos, atenderlos médicamente y vetar las visitas de familiares. Fuente del ministerio aseguran que la publicación se preveía para ayer por la noche.

A las vista de los resultados, parece que muchas residencias o no han sabido o no han podido implementarlo. La orden les obligará a hacerlo o de lo contrario se arriesgarán al cierre.

Para respaldarlas se destinará una porción de los 300 millones de ayuda social aprobados en el Consejo de Ministros del pasado martes. Otra parte servirá para reforzar los servicios de atención domiciliaria de los ancianos, algunos afectados por el cierre de centros de día o por la imposibilidad de los familiares de visitarlos.

Además de estas medidas, la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, ha ordenado llevar a cabo un seguimiento de las residencias de ancianos, mientras la Guardia Civil ya ha empezado a recabar información sobre unos 2.000 centro de todo el país.

Según aseveró el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la misma rueda de prensa en la que intervino el ministro de Sanidad, para el Ejecutivo es una prioridad «absoluta» responder a la situación que se está generando en estas residencias de ancianos.