Es posible conseguir un jurado imparcial en una provincia donde raro es el vecino que no tiene una opinión formada sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos? Ese es el primer reto que se abordará hoy en el inicio del juicio contra Ana Julia Quezada, acusada de la muerte de Gabriel Cruz, el hijo de su entonces pareja. La detenida se sentará hoy en el banquillo y tratará de convencer al jurado popular de que, frente a lo que dice el fiscal, no hubo alevosía ni actuó de forma «fría y premeditada», sino que la muerte del niño se debió a un accidente. De ello depende que pase el resto de su vida en la cárcel, ya que la acusación pública reclama para ella prisión permanente revisable por un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas a los padres del pequeño por la simulación que hizo durante 10 días, llegando, incluso, a participar en la búsqueda del menor. Su defensa estima que se trató de un homicidio involuntario y solicita tres años de prisión o diez en caso de homicidio doloso.

El caso mantuvo en vilo a todo el país durante dos semanas en marzo del 2018 y su resolución fue retransmitida al segundo. Expertos jurídicos auguran que será un juicio complicado por cuanto el caso parece estar ya más que juzgado por la presión mediática. Coinciden en que será fundamental la labor de la magistrada presidenta a la hora de orientar al jurado, ciudadanos inexpertos en impartir justicia, para que más allá de sus prejuicios se ajusten a las cuestiones objetivas sobre las que deben pronunciarse.

TRATO ESCRUPULOSO // Las asociaciones judiciales piden a la prensa un tratamiento escrupuloso sobre el proceso. Su objetivo no es solo evitar un «circo mediático» y salvaguardar la intimidad del niño en una vista que ha levantado enorme interés y para la que se han acreditado 30 medios. También se trata de respetar la presunción de inocencia de la acusada, que hasta ahora solo ha admitido una muerte accidental. «No se puede dar por sentada siquiera su culpabilidad, la presunción de inocencia está ahí», resalta Judith Sáiz, portavoz regional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

Tanto los padres del pequeño, que entonces tenía ocho años, como la defensa de Quezada hubieran preferido un proceso a puerta cerrada para evitar el torbellino mediático. La jueza ha atendido en parte sus peticiones y las declaraciones de los familiares del niño serán sin público. También la intervención de los forenses, que deberán detallar las condiciones en las que murió el niño.

IMPARCIALIDAD // El jurado está compuesto por nueve personas seleccionadas por sorteo previamente de entre un grupo de 30. Las partes, acusación particular y fiscalía por un lado y defensa por otro, podrán vetar a cuatro de ellos sin justificación alguna.