La Audiencia Provincial de Castellón acogerá el próximo día 6, a partir de las 10.00 horas, el juicio contra cinco integrantes de una presunta organización criminal de traficantes de droga que se dedicaban, según la Fiscalía, a la venta y distribución de cocaína en la capital de la Plana y Benicarló. El Ministerio Público pide para la banda un total de 25 años de prisión, con penas que oscilan entre los tres años y medio y los siete y ocho meses de cárcel para sus integrantes. Entre los mismos, destaca la presencia de un matrimonio que ya fue sentenciado por delitos contra la salud pública en el año 2011.

Agentes de la Udyco de la Policía Nacional llevaron a cabo la operación contra la red de traficantes. En febrero del 2014 detuvieron a varios de sus integrantes cuando llevaban a cabo una compra de cocaína en Benicarló. Los procesados cargaron la droga en un coche y emplearon un segundo vehículo a modo de lanzadera --para ir abriendo paso y controlando que no hubiera presencia policial en el camino--. Sin embargo, los investigadores ya se encontraban realizando el pertinente seguimiento y durante el trayecto dieron el alto a los automóviles, hallando en el asiento del copiloto de uno de ellos medio kilo de cocaína con una pureza del 76% y que, según la Fiscalía, «no tenía otro destino que la venta y distribución a terceros.

Asimismo, los agentes registraron un piso en Castelló, en el que encontraron otros 29 gramos de cocaína, 450 de marihuana y 3.140 euros en efectivo. En la vivienda también había básculas de precisión y papeles manuscritos con cantidades y nombres. Los policías intervinieron además una bicicleta, un televisor y un coche del matrimonio detenido. La Fiscalía considera que todos esos bienes fueron obtenidos con dinero de la venta de drogas, pues «ninguno de ellos realizaba trabajo legal alguno».

Posteriormente, tuvo lugar otro registro domiciliario en Benicarló, donde encontraron cuatro móviles, anotaciones de otras ventas y una báscula. Asimismo, uno de los acusados hizo entrega voluntaria a los investigadores de un arma de fuego corta, cargadores y cartuchos para la misma para la que no tenía licencia.

El Ministerio Público aboga por penas que suman en total 25 años de prisión y multas que ascienden a 352.000 euros.