La Conselleria de Sanidad deberá pagar 203.400 euros a los padres de una recién nacida que murió como consecuencia de una «maniobra inapropiada» durante el parto en el Hospital la Plana de Vila-real en el 2011. Así lo establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) difundida ayer por la Asociación del Defensor del Paciente, que ha ejercido como acusación particular, en defensa de la familia del bebé fallecido.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelve un recurso interpuesto por los padres tras desestimar la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial que la familia interpuso ante la Conselleria.

Según el documento judicial, la atención médica recibida por la paciente cuando se puso de parto no fue «lex-artis», esto es, «no fue adecuada para tratar a la paciente». La resolución, que condena en costas a la administración autonómica, explica que la mujer, que había tenido otro parto por cesárea anterior, acudió al hospital el 15 de diciembre del 2011 tras iniciar espontáneamente el trabajo de parto.

Allí se le practicó una «inefectiva maniobra de Kristeller inadecuadamente indicada», pese a existir la «sospecha de que la paciente tenía una desproporción pélvico-cefálica y que existía amenaza de rotura uterina con una debilidad local del útero».

Estas circunstancias y la maniobra practicada provocaron una «rotura uterina y la realización de una histerectomía (extirpación del útero)», y a su vez una asfixia del neonato, «que se tradujo clínicamente en una encefalopatía hipóxico-isquémica que evolucionó desfavorablemente, provocándole la muerte».

SENTENCIA FIRME // Las conclusiones de la inspección médica determinaron en su momento que «la asistencia prestada no se ajustó al conocimiento científico actual». Por tanto, la sentencia, que es firme al no haber sido recurrida por la Conselleria, reconoce el derecho de los padres a ser indemnizados con 99.775 euros por la muerte de su hija. Además, la madre recibirá otros 103.694 euros por las secuelas sufridas. El Defensor del Paciente lamenta que se haya tenido que esperar seis años hasta que «una sentencia diera la razón a los familiares del paciente porque Sanidad no haya sido capaz de reconocer la negligencia», puntualiza.

El abogado de la acusación, Javier Bruna, apunta que, «aunque nada repara la muerte de una hija», están «satisfechos por la resolución, tras recibir los padres un trato inhumano», manifiesta.