La Guardia Civil ha desarticulado en Nules una red de contrabandistas que defraudó más de 25 millones de euros por el impago del IVA de bebidas alcohólicas, como ya avanzó Mediterráneo en exclusiva hace unos días cuando se produjo el registro en una nave de la localidad. En total, hay 43 detenidos en toda España. Siete de ellos, vecinos de Alboraia y Eslida, gestionaban un almacén ilegal en Nules, donde los agentes han incautado dos millones de botellas de alcohol.
La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara y se ha saldado con la detención de 43 personas y la intervención de bebidas alcohólicas por valor de más de cuatro millones de euros.
Los delitos que se imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.
Por parte de la Agencia Tributaria se presentó denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre del 2016, abriéndose diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, a las que se incorpora la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia y la ONIF.
Inicialmente, la investigación se centró en la actividad real de un depósito fiscal ubicado en esa provincia, con el fin de corroborar la hipótesis planteada sobre la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pública, pero a lo largo de la misma se fue detectando un entramado societario que se extendía por varias provincias del territorio nacional, formado por más de 60 empresas.
La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se realizaba por un grupo de empresas denominadas “introductoras”, las cuales direccionaban el producto al depósito fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado. Este bajo precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA.
Aunque la mercancía era trasladada realmente a los referidos centros de distribución directamente, documentalmente la organización, la hacía pasar por distintas sociedades, entre las que se distinguían dos clases, por un lado, las “pantallas” que, únicamente intentan difuminar el seguimiento de la mercancía y alejar la acción fraudulenta de los responsables criminales, y por otro lado las denominadas “truchas” o “missing traders”, al frente de las cuales la organización criminal situaba testaferros.
Esta defraudación millonaria se perfeccionaba, ya que estas últimas eran las que la organización destinaba a no pagar el IVA correspondiente, de tal modo que cuando la Administración les exigía esta compensación, nadie respondía a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habría superado los 25 millones de euros en este concepto.
De este modo, la organización criminal se aseguraba la colocación de todas las bebidas alcohólicas que pudiera adquirir distribuyéndolas por las provincias afectadas y consiguiendo prácticamente una monopolización del mercado.
