Hasta 300 agentes de la Guardia Civil venidos desde distintos puntos del territorio nacional y de diversas especialidades participaron en la macrooperación contra un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que tuvo su punto neurálgico esta pasada semana en Almassora, como avanzó Mediterráneo. Se trata del despliegue más numeroso que ha realizado la benemérita en la provincia de Castellón en una intervención policial «dada la complejidad y el volumen» de la actuación llevada a cabo.
Tras varios días, la Guardia Civil ofreció ayer más detalles de la denominada operación Atipa, en la que se han detenido a 17 personas pertenecientes a una misma familia, por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal, siendo un grupo muy activo en la distribución y venta al menudeo de droga a nivel provincial y también zonas limítrofes. En la actuación también se ha logrado detener a los líderes del grupo.
Los agentes registraron 10 domicilios, alguno de ellos también ubicados en Castelló y Burriana, incautándose de dinero en efectivo, varios vehículos, diversos tipos de drogas en diferentes cantidades, material de pesaje, así como otros efectos. También se procedió a la desmantelación de cuatro plantaciones indoor de marihuana en el interior de las propias viviendas.
Esta actuación ha supuesto la desarticulación de nueve puntos de venta y distribución de droga; aflorando una serie de activos y beneficios obtenidos con el blanqueo de capitales. Los integrantes del clan delictivo adoptaban medidas extremas de seguridad, tanto en sus desplazamientos como en sus domicilios. Asimismo también colocaban pantallas de metacrilato para la dispensa directa de la droga como medida de seguridad para evitar contagios en plena pandemia.
Más de año y medio de investigación
La ‘operación Atipa’ se ha llevado a cabo después de una larga investigación que ha durado más de un año y medio. Durante las pesquisas se constató que los domicilios de los detenidos estaban «bunkerizados y dotados de medidas de seguridad tendentes a dificultar y retardar cualquier maniobra policial o de terceras personas, para acceder a las mismas, buscando la máxima seguridad de sus actividades ilegales», ya que la mayoría de las viviendas de la banda estaban diseñadas a tal efecto.
Prisión
La instrucción de la investigación ha sido coordinada e impulsada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló, quien ordenó el inmediato ingreso en prisión de 12 de los 17 detenidos en la operación.
