Un asesor fiscal de Castellón, R.S.M., se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso con un delito continuado de estafa. La Fiscalía lo acusa de haber presentado falsas declaraciones de IRPF e IVA, en nombre de varios de sus clientes, así como de haber creado empresas fantasma para realizar otras declaraciones mendaces.
De este modo, llegó a quedarse, supuestamente, con 85.177 euros, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público. Asimismo, R.S.M. está acusado de haber intentado defraudar a Hacienda 233.838 euros más.
Los hechos sucedieron, presuntamente, entre el 2006 y el 2012. El procesado, con ánimo de enriquecerse y aprovechándose de la información personal que le suministraban sus clientes, utilizó esos datos para elaborar declaraciones de la Renta en nombre de 18 personas, ocho de las cuales no han podido ser localizadas.
EVITABA SOSPECHAS / R.S.M. se quedaba con las devoluciones que la Agencia Tributaria le hacía por dichas declaraciones y, como eran cantidades de dinero pequeñas, favorecía que Hacienda no sospechara de sus múltiples maniobras fraudulentas.
El procesado solicitaba a la Agencia Tributaria que le ingresara las sumas de dinero en cuentas bancarias que estaban a su nombre o en las que estaba autorizado y no en las cuentas de las personas que efectuaban, supuestamente, la declaración.
La Fiscalía Provincial y los especialistas de la Agencia Tributaria lograron, finalmente, descubrir el supuesto entramado que R.S.M. había llevado a cabo para sacar beneficio con falsas declaraciones, falsificando firmas de sus clientes y apoderándose del dinero de las devoluciones.
El juicio por estos hechos comienza mañana, a las 10.00 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. El procesado deberá responder de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso con una estafa continuada, de los que le acusa el Ministerio Público.
Se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y a una multa de 5.000 euros, además de los 85.177 euros que cobró de las devoluciones y que son también reclamados, según consta en el escrito de acusación.
