Un patrón de Burriana descubrió el alijo de 2.100 kilos de hachís aprehendido por la Guardia Civil en una barca de pesca menor el pasado mes de junio, al creer que los traficantes que llevaban la droga le habían robando pulpos de sus cadufos.
El testigo, que ya ha declarado en sede judicial en plena instrucción sobre la trama, ha revelado al juez que sospechó que el Tere Mari, la embarcación que ocultaba el hachís, iba a quedarse con sus octópodos al acercarse a la zona en la que, recientemente, había instalado sus polperes, tras sufrir diversos robos.
Por ello, arrancó su barca de pesca y la emprendió a golpes con el Tere Mari, arrinconándolo hacia el puerto de Burriana para comprobar si sus conjeturas eran ciertas. Una vez logró retener a la otra embarcación, saltó a ella, junto a uno de sus marineros, e increpó a los dos traficantes que custodiaban el alijo. Se acercó a las lonas que cubrían los 70 fardos y, al destaparlas, descubrió que no eran pulpos robados lo que transportaban, sino droga.
Asustado, se marchó de allí, alertando a la autoridad pesquera, quien, a su vez, avisó a la Guardia Civil de lo ocurrido, según ha podido saber este periódico de fuentes fidedignas.
El instituto armado aprehendió el alijo, aunque los dos hombres que lo transportaban se dieron a la fuga y siguen huidos.
Tras cinco meses de arduas investigaciones, nueve hombres fueron detenidos a finales de noviembre y cuatro de ellos ingresaron en prisión provisional por su presunta relación con la trama.
Entre ellos, dos guardias civiles de Burriana (uno de ellos está en prisión), también un patrón y dos marineros, dos de ellos tío y sobrino; un jubilado de Almassora, de unos 70 años; un joven de Mislata, el gerente de un videoclub de Valencia y un sudamericano.
Uno de los marineros implicados ya ha confesado. Ha reconocido ante el magistrado instructor que le encargaron que vigilara si la patrullera de la Guardia Civil salía la noche de los hechos.
Por su parte, el propietario del Tere Mari, imputado en la causa y libre con cargos, ha explicado que prestó su embarcación, aunque ha negado saber para qué era.
El fiscal acusa a los nueve detenidos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, pero en mayor cuantía, y pide para ellos penas de prisión que rondan los ocho años.
Aunque ninguno de ellos parece ser quien coordinó el envío, todos son considerados cooperadores necesarios del grupo. H
